DEMANDAN A SHERIFF DE CLAYTON POR NO PROTEGER A PRESOS DEL CORONAVIRUS

Este miércoles, el Centro del Sur para los Derechos Humanos, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la ACLU de Georgia presentaron una demanda en un tribunal de distrito federal en nombre de cuatro personas encarceladas en la Cárcel del Condado de Clayton.

LOS ACUSADOS

Los acusados incluyen al Sheriff del Condado de Clayton y varios subordinados en su oficina.

La demanda afirma que la desatención de los acusados frente a los riesgos conocidos de COVID-19, su transmisión y muerte concomitante expone a las personas que están encerradas en la cárcel del condado a una enfermedad infecciosa altamente fatal en violación de sus derechos bajo las Enmiendas Octava y Decimocuarta, así como las leyes federales de derechos de discapacidad.

Con casi 2.000 detenidos, la Cárcel del Condado de Clayton, ubicada a unas 20 millas al sur de Atlanta, es la segunda cárcel más grande de Georgia. También es el sitio de un brote creciente de COVID-19. Según el Departamento de Salud Pública de Georgia, al 11 de junio de 2020, 45 personas en la cárcel habían dado positivo por COVID-19 (32 detenidos y 13 miembros del personal). El brote está aumentando con 16 nuevas pruebas positivas solo en los primeros ocho días de junio.

LOS DEMANDANTES

El demandante Randolph Mitchell tiene 72 años y tiene una enfermedad cardíaca crónica. Él está cumpliendo una condena de 12 meses por un delito menor. Durante los primeros meses de la pandemia, al Sr. Mitchell se le negó una máscara provista en la cárcel; en cambio, llevaba una máscara hecha a mano de ropa interior que compró a otro detenido a cambio de dos paquetes de sopa.

La demandante Rhonda Jones tiene 58 años y tiene un trastorno obstructivo pulmonar crónico. Está en espera de juicio y no puede permitirse comprar su libertad bajo fianza. Ella ha sido hospitalizada dos veces por neumonía en el último año. Como la tercera persona en una celda construida para dos, la Sra. Jones duerme en el piso cerca de un charco de agua maloliente que se escapa del inodoro. En una declaración proporcionada a la corte, la Sra. Jones declaró: “Tengo miedo de enfermarme y morir por el coronavirus en esta cárcel”.

LAS IRREGULARIDADES

Más de tres meses después de una pandemia mundial de coronavirus que ha matado a más de 125,000 estadounidenses, el acusado Victor Hill, el sheriff del condado de Clayton, y sus subordinados han hecho poco para proteger a los detenidos de la cárcel.

La población de la cárcel está al 96% de su capacidad declarada con tres personas hacinadas en celdas de dos personas. (La tercera persona duerme en el piso cerca de un baño abierto).

Los esfuerzos para identificar y aislar a las personas infectadas son, en el mejor de los casos, fortuitos. Cuando las personas informan síntomas consistentes con COVID-19, como fiebre, dificultad para respirar, tos y vómitos, los carceleros a menudo los dejan sin ayuda en céldas superpobladas durante días.

Las celdas donde los detenidos pasan la mayor parte de su tiempo casi nunca se limpian adecuadamente, incluso después de que una persona se infecta. Los únicos materiales de limpieza que se proporcionan regularmente son una escoba y un trapeador sucio. Algunos detenidos recurren al uso de su suministro semanal de cuatro onzas de jabón líquido (destinado a la ducha e higiene personal) y trozos de papel higiénico para limpiar sus celdas.

OTRAS NEGLIGENCIAS

Hasta junio, pocos detenidos tenían máscaras faciales emitidas en la cárcel, y muchos detenidos aún carecen de ellas.

Aunque COVID-19 se está extendiendo por toda la cárcel, los carceleros prácticamente no han proporcionado información a los detenidos sobre los síntomas, vulnerabilidades o prevención de COVID-19.

Para muchos detenidos, la suma total del esfuerzo de prevención de los acusados ​​ha sido decirles que usen una toalla, camiseta, calcetín o ropa interior como una máscara facial improvisada y limitar su tiempo fuera de la celda.

Diariamente, las personas detenidas se ven obligadas a estar cerca de otras personas, sin distanciamiento físico durante la distribución de comidas, distribución de medicamentos, cancha de video y otras actividades fuera de la celda.

“Las personas detenidas en las cárceles son particularmente vulnerables a COVID-19 debido a los espacios cerrados en los que están confinadas, el uso compartido de instalaciones sin saneamiento adecuado o equipo de protección personal eficaz, y la ausencia de atención médica adecuada para abordar o tratar la propagación de infección “, dijo Kosha Tucker, abogada del personal de la ACLU de Georgia.

“Sin una acción significativa para abordar los riesgos planteados por COVID-19, las personas detenidas en la Cárcel del Condado de Clayton están en peligro mortal”.

Las cárceles se han convertido en una fuente importante para la propagación del virus a la comunidad en general. La ACLU lanzó un modelo epidemiológico en abril, que muestra que las infecciones por COVID-19 en las cárceles se correlacionan con el aumento de brotes y muertes en las comunidades circundantes. Reducir el número de personas que ingresan en la cárcel, por otro lado, puede reducir estos riesgos.

“El brote en la Cárcel del Condado de Clayton representa una amenaza inmediata no solo para las casi 2.000 personas encarceladas en su interior, que son queridas madres, hijas, padres e hijos, sino también para los que están más allá de la cárcel.