Millones se quedarán en la calle a partir de agosto, gracias al Covid-19

Por: Jenny Manrique- Ethnic Media Services

Cerca de 24 millones de estadounidenses podrían ser desalojados de sus viviendas a fines de agosto, mientras 15 millones de inquilinos ya viven en hogares afectados por la pérdida de trabajo o la reducción de ingresos debido a la pandemia del COVID-19.

La inquietante cifra del Aspen Institute fue compartida por Emily Benfer, directora de la Clínica de Justicia de Salud de la Facultad de Derecho de Wake Forest, durante una conferencia vía Zoom organizada por Ethnic Media Services.

“Nuestro país está al borde de una crisis de vivienda de magnitud sin precedentes y sin una red de seguridad que nos sostenga”, aseguró Benfer al detallar un panorama aterrador para las familias de bajos ingresos, especialmente latinas y afroamericanas. Estas se enfrentan al fin de las moratorias de desalojo que el gobierno federal y varios estados extendieron solo hasta agosto, para quienes no han podido pagar la renta en medio de la crisis económica causada por el coronavirus.

“Hay un aumento del 92% en la solicitud diaria de asistencia (financiera) de alquiler en comparación con esta fecha el año pasado”, dijo Benfer. “Y los programas (de alivio) se agotan a los pocos minutos de estar disponibles”.

La pandemia no ha hecho sino exacerbar condiciones que ya eran insostenibles para los arrendadores: más de 20 millones de familias tenían dificultades para pagar el alquiler, solo una de cada cuatro recibía asistencia federal aún siendo elegible para ella, y en la última década las unidades de viviendas asequibles se redujeron en cuatro millones.

Mientras el 61% de los hispanos y el 44% de los afroamericanos vive en arriendo, esa cifra llega sólo al 38% en el caso de los blancos. Cerca del 75% de las familias negras y latinas no tenían fondos de emergencia para cubrir gastos por un promedio de tres meses, mientras el 53% de las familias blancas sí pudieron contar con esos ahorros para enfrentar la crisis.

Hoy menos de la mitad de los estados tiene alguna política de moratoria de desalojo. Florida, Mississippi, Missouri, Texas y Ohio, figuran con las más altas tasas de desalojo según Benfer.

La ley CARES del Congreso, estableció 120 días de moratoria y si bien previno una oleada de desalojos, está a punto de expirar el 25 de julio. La ley HEROES que contempla presupuesto de alivio para renta, pasó en la Cámara de Representantes pero está detenida en el Senado.

“Una de las peores consecuencias del desalojo para estas familias es que terminan en albergues donde es imposible mantener la distancia social, lo que las expone aún más al COVID-19”, anadió Benfer.

Inquilinos sin protección

Desde fines de abril, las protestas de inquilinos se extendieron por todo el país exigiendo al gobierno que cancelara el pago de alquiler. En varias ciudades de California, donde el control de renta ha sido una de las victorias de los sindicatos de inquilinos, 17 millones de ellos no podrán pagar la renta al final de la moratoria, y el sistema judicial tampoco los protege.

“En las cortes hay una vía rápida para estos casos: casi el 60% de los desalojos se resuelve dentro de un mes (a favor del arrendatario) y el inquilino tiene solo cinco días para presentar una respuesta en la corte o perder su caso y por defecto su hogar”, dijo Nisha Vyas, abogada principal de vivienda en el Western Center on Law and Poverty. “Los inquilinos además raramente tienen abogados que los representen”.

A raíz del COVID-19, las cortes llevan a cabo audiencias de desalojo virtuales a las que muchos arrendadores no pueden acceder por la barrera del lenguaje, las restricciones tecnológicas o incluso la inhabilidad de pagar la cuenta del celular.