Nueva regla de apelaciones perjudicara a inmigrantes

Abogados y activistas denunciaron recientemente que una nueva regla anunciada la semana pasada por el Departamento de Justicia (DOJ) ha vuelto a mostrar un plan que en 2018 barajó el entonces fiscal general Jeff Sessions, que en resumen buscó limitar el poder de los jueces de inmigración para acelerar las deportaciones.

En ese entonces Sessions firmó una orden provisional que estableció el estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación. La medida puso en peligro miles de casos cuyos titulares llevan años viviendo en el país, recordó el portal de Univisión.

Un año más tarde, una corte de apelaciones devolvió a los jueces de inmigración de cuatro estados el poder para cerrar administrativamente casos de deportación. Y también a los integrantes de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Sessions era de la opinión que en los juicios de deportación nada debía interponerse en el objetivo del proceso, es decir la expulsión del extranjero sometido a las leyes de inmigración.

Los abogados alegaron que el gobierno estaba socavando el debido proceso al no contemplar el alcance y efectividad de una defensa.

Lo que ha venido pasando

En agosto del año pasado el DOJ pidió a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que descertifique al Sindicato Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), una maniobra que tenía como objetivo “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”, reportó en ese momento el diario The New York Times.

Un año más tarde, la FLRA le propinó un duro golpe a las aspiraciones del gobierno al determinar que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.

El gobierno, no conforme con el dictamen, publicó entonces un nuevo reglamento que, de entrar en vigor, podría convertirse en una nueva herramienta de la política de ‘tolerancia cero’ para acelerar la deportación de inmigrantes.

En resumen, la propuesta enmienda regulaciones emitidas por Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “con respecto al manejo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)” otorgándole al director de la Corte de Inmigración “poderes extraordinarios de adjudicación” sobre apelaciones y lo autoriza a revertir fallos. 

“Y otra serie de modificaciones que dañan el debido proceso”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y durante más de 15 años ejerció como Fiscal de Inmigración del DOJ.