El lado oscuro del programa federal E-Verify

El programa federal que verifica el estado migratorio de millones de trabajadores en Estados Unidos y que se conoce como E-Verify, es una gigantesca base de datos que forma parte de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington DC, Nueva York y Pensilvania.

Por ahora el reglamento federal establece que los empleadores acceden voluntariamente al sistema -a través de Internet- y faculta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que verifique la identidad de cualquier trabajador (nacional o extranjero), coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos (entre ellas la del FBI), y compruebe que tiene visa o permiso para laborar en el país. Pero el objetivo es volverlo obligatorio lo antes posible.

La base de datos del E-Verify es administrada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y también está conectada a la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). Junto con el FBI, las tres herramientas reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales y extranjeros en Estados Unidos.

El E-Verify permitió al gobierno del presidente Barack Obama modificar la estrategia de redadas. En vez de ejecutarlas con ruido y ante la mirada del lente de cámaras de televisión y fotográficas, se volvieron silenciosas.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes las bautizaron como ‘redadas digitales’, porque el gobierno en vez de enviar a una fábrica a decenas de agentes armados para arrestar a indocumentados, verifica en una base de datos los nombres de miles de trabajadores para conocer quién tiene o no tiene papeles para trabajar legalmente en el país.

El E-Verify fue aprobado en noviembre de 2003. Miles de empresas han sido auditadas por el DHS y las identidades de millones de trabajadores han sido verificadas, muchas veces sin que los empleados se den cuenta. Este tema le preocupa a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que asegura que la revisión silenciosa hecha por el gobierno federal contraviene los derechos civiles.

Una de las principales dudas planteadas por organizaciones de derechos civiles radica en que el sistema E-Verify prácticamente convierte en agentes de inmigración a empresarios (patronos), tema que, advierten, será enviado a las Cortes para ser revisado. Pero que mientras se espera un dictamen, es probable que muchos trabajadores vean afectados sus derechos.

En algunos estados está vigente la herramienta del E-Verify y en otros, tal el caso de Georgia y Alabama, entrará en vigor en los próximos meses o semanas. Otros estados debaten si aprueban o rechazan la iniciativa.

La Oficina de Presupuesto del Congreso concluyó que el E-Verify reduciría en 10 años los ingresos federales en unos $17,300 millones debido a que miles de trabajadores se saldrían del sistema de remuneraciones. Y estima que la implementación del sistema demandaría una inversión de $23 mil millones en un período de 10 años.

Estudios oficiales indican que persisten las discrepancias entre los registros oficiales y los datos que proporcionan los peticionarios cuando sus datos son verificados. Esta situación inhabilita a miles de trabajadores –muchas veces autorizados- a seguir trabajando libremente en el país.

En combinación con la extensión de E-Verify, el gobierno de Barack Obama ha multiplicado por cuatro en los últimos dos años las inspecciones de empresas para detectar indocumentados, según cifras oficiales. En este tiempo han sido deportados casi un millón de indocumentados. (tomado de Univision.com)