¿Hasta cuándo la desconfianza en el proceso electoral?
Por: María Isabel Pérez
Nuevamente el Estado de Georgia vuelve a ser noticia por la misma razón. Cuando pensábamos que ya se había superado todo el drama por los supuestos fraudes electorales, y que todo había quedado atrás, otro caso vuelve a cuestionar la transparencia de las elecciones del 2020.
Un juez autorizó a que se revelaran más de 145 mil balotas ausentes que fueron enviadas por correo a petición de un grupo demandante que desde diciembre venía insistiendo en que se verificaran para comprobar que no había votos fraudulentos.
La orden recae sobre el Condado de Fulton, el más grande del estado en población y del cual hace parte Atlanta. Allí deberán quitar el sello de cada balota y escanearlas para establecer si fueron falsificadas.
Una orden posterior del tribunal determinará los protocolos para llevar a cabo este proceso, pero el juez ha dicho que los peticionarios solo podrán supervisar y escanear dichas papeletas de acuerdo como lo establezca la corte.
Según el grupo “Votantes Organizados para Unos resultados Confiables en las Elecciones”, no pretenden cambiar los resultados que dieron el triunfo al presidente Joe Biden, con un estrecho margen frente al ex presidente Donald Trump, sino descartar votos falsos.
Según los documentos presentados a la Corte, el grupo afirma que auditores electorales habrían declarado bajo juramento que hubo votos fraudulentos durante el proceso electoral. Intentan verificar, al parecer con técnicas forenses, si en realidad existen esas balotas que fueron falsificadas de alguna manera.
El Condado de Fulton fue objetivo de criticas por parte de la campaña de Trump, especialmente en lo relacionado al voto por correo, el cual fue irónicamente posible luego que los legisladores de mayoría republicana aprobaran una ley que permitía esta modalidad en medio de la pandemia.
Al registrase una alta votación en Georgia y el avance del partido demócrata que daba el triunfo a Biden llovieron demandas impugnando los resultados, pero ninguna de ellas ha tenido un resultado diferente al que todos conocemos.
En tres oportunidades se hicieron auditoría de reconteo de votos y de todas las formas posibles, de manera manual, automática y auditoría de firmas en el Condado de Cobb. Al final el resultado siguió siendo el mismo.
Se espera que esta nueva etapa de verificación electoral no tenga los mismos tintes con que se ha desarrollado el proceso de auditoría que protagoniza el estado de Maricopa en Arizona, en donde una empresa privada contratada por el partido republicano estaría a cargo del proceso.
El juez de Georgia, Brian Amero, quiere evitar estas circunstancias y ha asegurado que un agente especial designado por el tribunal será el responsable de vigilar dicho proceso.
En aras a la transparencia y al debido proceso hay que dejar que las balotas sean escaneadas para luego producir imágenes de alta resolución y comprobar si fueron hechas a mano o fueron el producto de una fotocopiadora que las reprodujo de manera fraudulenta.
Total, todo este proceso es pago por los cuatro electores que presentaron la demanda. Ningún dólar del contribuyente será ocupado para financiar esta nueva auditoría, hasta allí todo está bien si no fuera porque se intenta nuevamente crear la duda en un proceso electoral que ha sido catalogado como el más seguro de la historia.
Los defensores del derecho al voto y los que luchan contra la supresión de este, siguen insistiendo en que esta “gran mentira” de fraude quiere crear dudas en el proceso y con ello motivos para seguir legislando en contra de incrementar el acceso a los caminos democráticos.
Lo más irónico de toda esta controversia es que los “supuestos” fraudes se dieron bajo la lupa de los republicanos que dominan las esferas legislativas de Georgia.
Queda la sensación que los cambios en las leyes electorales que promueven obedecen a su interés en evitar resultados como las pasadas elecciones. Se olvidan tal vez, que la última palabra la tiene siempre el votante.
