Biden deshace política de Trump

El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) retiró de la lista de casos pendientes un proceso iniciado en 2019 dirigido a poner fin al Acuerdo Judicial Flores de 1997, política que protege y regula el trato que el gobierno federal debe dar a los niños migrantes detenidos en la frontera.

Un reporte de la cadena de noticias CBS detalló que la decisión fue tomada en respuesta a múltiples presiones por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes exigieron el término de los intentos por desaparecer unilateralmente el Acuerdo.

El sitio de CBS indicó que el gobierno eliminó de la lista de regulaciones ( Office of Information and regulatory Affairs, Office of Management and Budget) pautada para el otoño de la regla elaborada por el gobierno anterior y de esa forma mantener vigente el Acuerdo Flores.

Trump, bajo el marco de su política migratoria de ‘tolerancia cero’, intentó en vano deshacerse del Acuerdo y tener manos libres para deportar aceleradamente a menores de edad detenidos cuando llegaban en busca de asilo.

Para el exmandatario, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley de Prevención de Tráfico Humano (TVPRA) se trataban de “vacíos legales” que los inmigrantes utilizaban para burlar el sistema de asilo, postura que fue rechazada tanto por los tribunales de justicia como por defensores de los derechos de los inmigrantes.

Nueva regla en camino

Fuentes familiarizadas con el tema y que hablaron con CBS, dijeron que la decisión de abandonar el esfuerzo de cancelación “se produjo después de meses de debate interno”. Y que el gobierno trabaja sus propias reglas para aprobar una nueva política acorde con los principios estipulados por Biden en cuando tomó posesión de la Casa Blanca en enero, de respetar el debido proceso y tratar a los inmigrates de manera humana y digna.

Una estrategia similar está utilizando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’. En febrero el gobierno lo canceló, pero en agosto un juez federal de Texas ordenó que sea reinstalado en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri.

El programa fue restablecido luego que los gobiernos de Estados Unidos y México alcanzaran un acuerdo. Pero el DHS reiteró que seguirá trabajando en un nuevo reglamento para cancelarlo una vez logre poner fin a la demanda que lo mantiene vivo por el momento.