Recomiendan incluir prioridades migratorias en plan de gasto social

Esta semana, una coalición integrada por más de 100 organizaciones, entre ellas entidades religiosas, defensores de los derechos de los inmigrantes y grupos de asistencia humanitaria, pidieron a los líderes del Congreso tener en cuenta las prioridades migratorias en el debate de la Ley de Gasto Social para el año fiscal 2022.

“A medida que avanzan las negociaciones para un proyecto de ley de gastos para todo el año fiscal 2022, los instamos a priorizar” asuntos migratorios críticos “que son necesarios para mejorar el sistema de inmigración y ayudar a millones de personas perjudicadas por graves deficiencias en el sistema”, se lee en una carta dirigida a los legisladores que encabezan la Cámara de representantes, el Senado y los comités a cargo de los debates de la iniciativa.

El grupo dijo que la denominada Ley de Gasto Social (Build Back Better -BBB-), puede brindar un “cambio transformador” al incluir las prioridades de inmigración en las asignaciones generales y “convertirlas en una “prioridad”.

Un presupuesto estancado

Para aprobar el BBB, los demócratas echaron mano al ‘paquete de reconciliación’ debido al rechazo de la bancada republicana. Esta herramienta legislativa permite la aprobación de leyes con mayoría simple (51 votos).

Tanto demócratas como republicanos tienen 50 votos cada uno y el desempate lo rompe la vicepresidenta, Kamala Harris. Pero los senadores Krystern Sinema (Arizona) y Joe Manchin (West Virginia) no están de acuerdo con la versión que se discute en la Cámara Alta, postura que tiene frenadas las conversaciones.

Dentro del plan propuesto por el liderazgo demócrata y que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, pretenden incluir una enmienda para legalizar a millones de indocumentados, iniciativa que hasta ahora no cuenta con el visto bueno de la principal asesora del Senado (Parlamentarian), la abogada Elizabeth MacDonough.

En tres ocasiones entre septiembre y diciembre del año pasado, MacDonough ha dicho que la propuesta de regularización “aumentaría el déficit en $131,000 millones durante 10 años al crear una clase de personas elegibles (aquellas que han estado en el país durante 10 años o más) que calificarán para una concesión de libertad condicional”.

Hasta el momento, ninguna de estas peticiones pintan tener un buen futuro mientras los planes de millones de inmigrantes se esfuman cada día.