Mexicanos piden a su gobierno fijar posición frente a reforma migratoria

Verónica Toscáno Leger y Adelina Nichols del CCIME, hacen entrega de la carta a funcionarios del consulado general de México en Atlanta, quienes representan al gobierno mexicano en esta ciudad.

La Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior –CCIME, hizo entrega esta semana a funcionarios del consulado general de México en Atlanta, de una misiva dirigida al presidente de su país Enrique Peña Nieto, en la que le piden fije una posición frente a la discusión del Acta de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración S.774, mejor conocido como el plan de reforma migratoria que se adelanta en Washington.

“El posicionamiento de la Comisión es para solicitar al presidente Enrique Peña Nieto, un enérgico pronunciamiento contra la militarización de la frontera y una política de protección a los derechos de los mexicanos en el exterior”, escribió en su cuenta de Facebook, Verónica Leger, una de las consejeras por el estado de Georgia, antes de entregar la carta en misión diplomática de Atlanta.

“El el documento los Consejeros pedimos al gobierno de México haga un posicionamiento ante el gobierno de Estados Unidos y a la Cámara de senadores, en protesta por la militarización de la frontera y el uso de muros y alambrados, como parte de políticas resolutivas, para una reforma migratoria, cuando en otras regiones del mundo se avanza hacia la regionalización e integración económica y los pueblos” afirman.

Lo que dice la misiva

“Los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos del CCIME hacemos un llamado al gobierno mexicano para pronunciarse públicamente ante la propuesta S.774 aprobada en el Senado del Congreso de los Estados Unidos, en virtud del impacto que ésta tendría en las futuras relaciones económicas, políticas, diplomáticas y de derechos humanos entre ambos países que a su vez comparten una frontera de 3,326 kilómetros”, dice en su encabezado la misiva.

Los consejeros se muestran extrañados de que, a pesar de lo que representaría para México un plan de blindaje de la frontera tal como lo ha propuesto una de las enmiendas del proyecto, el gobierno de ese país no haya establecido su posición, tratándose de una frontera común.

“Durante la discusión de la propuesta S.744, fue sometida una enmienda legislativa que aumentaría el presupuesto a 40 mil millones de dólares destinados a la asignación de 20 mil agentes de la patrulla fronteriza, sumándose éstos a los 20 mil ya apostados en la frontera; la construcción de muros y alambrados, y el uso de tecnología avanzada para detectar el movimiento de las personas en la zona”, dice la carta y advierte.

“La enmienda contenida en la propuesta S.774 aprobada por el Senado estadounidense, habla de un proceso de militarización en la frontera de Estados Unidos y México, acelerado, desproporcionado y lesivo a la agenda bilateral entre ambos países, en detrimento del cruce de cientos de miles de personas por los puntos de entrada fronterizos. Por otro lado, se contempla un aumento de muertes en la frontera de aquellos inmigrantes que busquen ingresar a los Estados Unidos de manera irregular, siendo éstos expuestos a corrupción, robos, asaltos y uso de rutas más peligrosas”

Les preocupa el perfil racial

A parte de las consecuencias económicas, la pérdida de vidas humanas y el riesgo de que la frontera sea más hostil y perjudique la relación entre ambas naciones, los consejeros argumentan que las medidas de militarización en la zona, generará un estado de “persecución, perfil racial y discriminación contra las personas de origen mexicano y latinoamericano radicados en los estados fronterizos, ya que serán perseguidos independientemente de su condición migratoria, y por la existencia de leyes como la SB1070 en Arizona que permite el uso de la patrulla fronteriza dentro de las ciudades”.

En el mismo tenor afirman que “la propuesta S.774 garantiza la asignación de presupuesto para la creación y mantenimiento de centros de detención para indocumentados que no califiquen en la obtención del ‘estatus temporal’ y que en consecuencia serán considerados como criminales y detenidos en cárceles privadas entre 2 y 5 años, con un mínimo de garantías jurídicas para su defensa, y una vez juzgados serán deportados a su país con un expediente criminal”

Ponen en duda plan de ciudadanía

Para los consejeros del CCIME, la llamada vía a la ciudadanía es algo que se ha ido perdiendo con el transcurso del debate y ponen en duda la efectividad de la misma tal como está hasta ahora planteado el debate, y por ello una de sus preocupaciones expuestas al presidente de los mexicanos es que:
“La llamada legalización con una vía a la ciudadanía estadounidense es casi un eufemismo, ya que en primer lugar se calcula que de once millones de indocumentados, cifras proporcionadas por el ‘establishment’ estadounidense, calificarían solo 4 millones que podrían comprobar que han estado ininterrumpidamente en el país antes del 31 de diciembre del 2011, no tener record ‘criminal’ y poseer una estabilidad laboral.

Las personas serían registradas con un estatus temporal, teniendo que pagar multas y todos los impuestos desde que llegaron. El proceso de obtención de la residencia permanente podría durar hasta 10 años, siempre y cuando se tengan ingresos mayores a los 140% de lo que establece el nivel de pobreza federal, y no se haya estado desempleado por más de sesenta días continuos.

Y por si fuera poco, aquellos solicitantes del registro provisional no tendrán acceso a los servicios de salud por más de 10 años. Cualquier incumplimiento a alguno de los requisitos llevará a la cancelación del permiso y estarán sujetos a deportación”

Dicen además que, “Los que logren pasar este ‘embudo’, en alrededor de 15 años podrán solicitar la ciudadanía, los cuales no rebasaran en nuestra estimación un millón y medio de personas”

Lo que piden

“Ante lo expuesto, hacemos un llamado al gobierno de México y al jefe del Ejecutivo Federal para que se tomen las medidas necesarias para crear programas para los migrantes en retorno. De aprobarse ante el Congreso una ley de esa naturaleza, que proyecta una respuesta punitiva en la Cámara de Representantes (diputados), seremos testigos de las deportaciones masivas de nuestros connacionales y hermanos latinoamericanos”, afirman y a reglón seguido solicitan.

“Pedimos al Gobierno de México haga un posicionamiento ante el Gobierno de los Estados Unidos y a la Cámara de Senadores, en protesta por la militarización de la frontera y el uso de muros y alambrados como parte de políticas resolutivas para una reforma migratoria; ¡cuando en otras regiones del mundo se avanza hacia la regionalización e integración de economías y los pueblos!”

Dicen que están consientes de que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto da seguimiento a la política mexicana de ’no intervención’ en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, el fenómeno migratorio no es ni debe ser tratado como un asunto unilateral.

“Se trata de la vida y la suerte de millones de compatriotas que viven, trabajan y producen riqueza para ambos países, por lo tanto este es un asunto que debe ser resuelto y tratado dentro de una agenda bilateral.

Países como Corea del Sur, Irlanda, Canadá, Polonia y La India están buscando acuerdos para sus inmigrantes, aún más, los presidentes de Guatemala y El Salvador también han exhortado a la Administración del Presidente Barack Obama a garantizar los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, y nos preguntamos ¿por qué México sigue callado?”

Finalmente dice la carta: “Exhortamos al Gobierno de México y al Presidente Enrique Peña Nieto a hacer uso de las instancias políticas, diplomáticas y de cabildeo por una Reforma Migratoria Justa e Integral de respeto a los derechos humanos de la comunidad inmigrante que radica en los Estados Unidos”