Estudiantes siguen luchando por ir a las universidades

Por: Rafael navarro- ENG.

Un día antes de cumplir nueve años Rigoberto Rivera estaba parado en medio de dos mundos que todavía no alcanzaba a comprender, lo único que en ese tiempo tenía claro era que sus padres estaban en Estados Unidos y que él debía reencontrarse con ellos, para lo cual un “conocido” de la familia se encargaría de hacer eso realidad.

“Pasé la frontera justo el día de mi cumpleaños” recordó hace poco el joven a El Nuevo Georgia, como si hubiera sido lo más normal del mundo, a esa edad ni se tiene conciencia de los riesgos, ni se evalúan pros y contras de una acción como esa.

Terminó sus estudios de primaria y en Roswell High School se graduó de la secundaria, ya se había inscrito para seguir una carrera superior, pero muy temprano se dio cuenta que las fuerzas económicas no le alcanzarían para tanto.

“Pagaba por clases mil 500 dólares, mientras los compañeros que son de aquí o están legales pagaban solo 200 o 300 dólares”, dijo Rivera, haciendo alusión a la gran diferencia que hay entre una persona que tiene documentos de inmigración, o es americano de nacimiento y un indocumentado como él.

No se da por vencido

Entre ceja y ceja, Rigo, como le dicen sus amigos, tiene estudiar algo que tenga que ver con leyes, Justicia Criminal, Investigación Forense, algo relacionado con el tema, por el momento esos sueños están detenidos pero no aplazados, de ahí que el joven haya sido uno de los que ha apoyado una reciente demanda en contra la Junta de Regentes de Educación del estado de Georgia.

Rivera hace parte de Georgia Undocumented Youth Alliance—GUYA-, por sus siglas en inglés y en su lucha ha estado visitando congresistas en compañía de otras organizaciones, acuerpando las manifestaciones a favor de una reforma migratoria y lo más reciente, presionando para que las colegiaturas en el estado no sean tan desproporcionadas para los que quieren estudiar.

“Nosotros sabíamos que algo andaba mal y estábamos buscando opciones, y lo primero en mente era seguirnos manifestando, pero recibimos una llamadas del abogado Charles Kuck en la que nos dijo si queríamos hacer parte de una demanda”, dijo el joven.

Las leyes en su contra

Desde que comenzaron a fraguarse las leyes antiinmigrantes en Georgia, uno de los puntos que salió a relucir fue el de negarles a los jóvenes indocumentados el acceso a las 5 principales universidades del estado, esgrimiendo razones de dinero y de cupos, pero que la realidad era otra completamente diferente.

“No es por dinero, ni porque seamos muchos, porque las universidades le cobran a los indocumentados el triple de lo que le cobran a los que tienen documentos…En las 5 universidades más grandes del estado solo hay 27 estudiantes indocumentados y en el estado en general hay 64 mil estudiantes indocumentados”, dijo el año pasado Estela Martínez, una joven activista cuando promovía una campaña de becas privadas.

“Así es que eso demuestra que no es porque estemos yendo a la universidad por montones…solo por el estatus es que no nos dejan entrar, aunque tengamos las mejores calificaciones ese asiento se lo van a dar a un documentado porque él si tiene papeles…”

Sin embargo aun así, recordó que todavía hay 30 universidades donde se puede entrar pagando como estudiante fuera del estado o accediendo a becas privadas.

Las 5 universidades estatales en las que se les han cerrado las puertas a los indocumentados son: University of Georgia en Athens; Georgia Tech, Georgia State University, Medical College of Georgia, Georgia College & state University, y Kennesaw State University.

La demanda en contra de los regentes

“Estamos pidiendo que a los estudiantes con Acción Diferida se les dé el mismo derecho de pagar sus colegiaturas, como dice el mismo reglamento creado por la junta de regentes”, dijo el abogado que interpuso la demanda, Charles Kuck.

Dijo que el reglamento de la junta de regentes del sistema de educación del estado advierte que los estudiantes tienen que comprobar que tienen presencia legal, no estatus legal, en el estado para acceder a las ayudas en las matriculas.

“Ellos están mal interpretando por error o malintencionadamente, el término “presencia legal”. No es lo mismo presencia legal que estatus legal bajo la ley escrita…” dijo el jurista quien ha presidido en el pasado la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración—AILA-, por sus siglas en inglés.

A juicio de Kuck, “Presencia legal es que el gobierno sabe que usted está en Estados Unidos y le da permiso a usted de quedarse aquí, como los que tienen la Acción Diferida, los que tienen una orden de supervisión, o los que están aplicando por asilo, o los que están aplicando por la cancelación de remoción…”

Anotó que hay varios tipos de personas que tienen la presencia legal en el país, otros son los que están pendientes de una aplicación de ajuste de estatus por su residencia, pero aún no tienen un estatus legal.

“No estamos pidiendo ningún cambio en ninguna regulación, en ninguna ley, simplemente que la junta de regentes implemente la ley que está escrita…quizá esta escrita por error, pero esa no es la culpa de esos estudiantes”

Advirtió que cuando las leyes son escritas por gente como D.A. King y los anti inmigrantes, seguramente lo que se quiere decir es que, estos estudiantes no tienen estatus legal.

“Eso es correcto, estos estudiantes no tienen estatus legal, pero esa no es la base, para la aplicación de la ayuda en las colegiaturas”

Finalmente dijo que, luego de la demanda ante la corte estatal del condado de DeKal, habían enviado otra carta para que este asunto fuera tratado con la mayor celeridad posible.

“Queremos que el juez de DeKalb a quien le correspondió la demanda mande una orden a la junta de regentes que le den tuition a los que tienen la DACA…y los demás con presencia legal…esperamos obtener una respuesta antes de noviembre”, remató Kuck.