Denuncias abusos en centros de detención de inmigración
Por: Rafael Navarro- ENG
Cuando conocimos a Cindy Barrientos, uno de sus hijos, Wilhen entonces de 20 años, llevaba un año y tres meses detenido por orden de un juez de inmigración quien advirtió que no era prioridad para que el joven permaneciera en Estados Unidos como sus hermanos a los que les había otorgado el mismo beneficio.
“El está en tratamiento sicológico tomando medicamentos…después de lo que le sucedió” dijo la madre del joven, a mediados de 2016.
Lo que sucedió con Wilhen en el Centro de Detenciֶn de Stewart, es que un pandillero aparentemente jefe de una banda en Honduras, intentó abusar sexualmente del joven, según éste le contó a su madre, y al no lograr su objetivo lo amenazó con hacerlo matar cuando llegara de regreso a Guatemala.
Casos como el de esta familia están documentados dentro de las demandas que han hecho y siguen haciendo grupos pro inmigrantes, en relación a la seguridad, integridad y respeto que dicen éstos merecen los detenidos en los centros de inmigración, cuyos derechos humanos les están siendo violados de manera reiterada.
“Justicia encarcelada…”
Es con este objetivo que recientemente se presentó en Atlanta el informe: “Justicia encarcelada: dentro de dos centros de detención de inmigrantes de Georgia”, donde se muestra una clara radiografía de lo que acontece con los miles de detenidos en proceso de deportación, a los cuáles se les están vulnerando los derechos, de acuerdo a los entendidos.
“Hay muchos problemas en los centros de detención, el principal que observamos es la forma de vida que deben asumir las personas que son detenidas en estos centros, por eso nuestro llamado es a que estas instalaciones sean cerradas…”, dijo Azadeh N. Shahshahani, directora legal de Project South, una de las agencias que llevó a cabo el informe.
“No tienen acceso a un adecuado cuidado de salud, no hay un cuidado especial a los que tienen problemas mentales, la comida no es adecuada…tienen que trabajar por un dólar el día”, denunció Shahshahani a El Nuevo Georgia.
“También hemos documentado asaltos sexuales de los internos en las instalaciones lo que se constituye en una clara violación de los derechos humanos”, observó.
Apartes del informe
El informe se centra en el Centro de Detención de Stewart y el Centro de Detención del Condado de Irwin y se basa en entrevistas con decenas de inmigrantes detenidos, así como abogados de inmigración, visitas a ambas instalaciones y revisión de contratos y otros documentos relevantes. La investigación se completó en el transcurso de un año.
Dice en su introducción que desde la inauguración del Presidente Donald J. Trump el 20 de enero de 2017, la situación sólo ha empeorado, a partir de emisión del Secretario del DHS, John Kelly, del Memorando y Órdenes Ejecutivas sobre cumplimiento fronterizo e interno, como refuerzo a las leyes migratorias.
“El costo promedio de detener a cada individuo es de $ 127 por día. En 2016, ICE detuvo a más de 352.000 personas; el promedio diario fue generalmente entre 31.000 y 34.000 personas.
Sin embargo, en octubre de 2016, el número alcanzó un récord de 41.000 personas por día”, recuerda el informe.
“Debido al dramático aumento del número de inmigrantes detenidos en 2016, se abre un nuevo Centro de detención en Folkston, Georgia en 2017. La empresa de correcciones privadas, The Geo Group, firmó un contrato de cinco años en diciembre de 2016 con el condado de Charlton y ICE. El nuevo centro de detención tiene 780 camas. Esto es decepcionante…” se lee en el informe.
No todos los detenidos son peligrosos
En Georgia, menos del 25% de las remociones que ocurrieron a través del programa de Comunidades Seguras desde el momento de su 2009 hasta 2013 incluyeron a aquellos que cometieron un delito de “Nivel 1”.
“Esta práctica fue contraria a las normas de prioridad de cumplimiento de ICE. En diciembre de 2011, en todo el estado de Georgia había Comunidades Seguras, aunque los condados de manera individual se habían unido antes de esa fecha… La activación del primer acuerdo de Comunidades Seguras en Georgia impactó claramente el número de arrestos de ICE; entre los años fiscales 2010 a 2011, el número de detenciones aumentó un 40%”.
“Se ha triplicado el número de personas que se han detenido por una falta de licencia y son puestos en centros de detención, y esto representa un impacto a las familias y las economías locales…hay abuso de autoridad de parte del gobierno de Trump”, dice Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos.
Recomendaciones a las autoridades
Las recomendaciones que este informe hace a las autoridades de inmigración empienzan por el cierre de los centros de detención de Stewart e Irwin; implementar políticas contractuales responsables para aquellas compañías que no cumpla con las normas de ICE; Terminar contratos con las instalaciones que no cumplen con sus estándares; y, buscar alternativas a la detención de inmigrantes elegibles al debido proceso.
Para los inmigrantes detenidos
En el informe: “Justicia encarcelada: dentro de dos centros de detención de inmigrantes de Georgia” se recomienda a las autoridades para que apliquen a los inmigrantes detenidos.
• Se debe proporcionar intérpretes calificados en cada paso del proceso de deportación;
• Los inmigrantes detenidos no deben ser obligados a firmar órdenes de expulsión sin hablar con un abogado;
• Las bibliotecas jurídicas deben incluir materiales actualizados en las lenguas habladas por los inmigrantes detenidos;
• Los inmigrantes detenidos deberían tener más bibliotecas de derecho;
• Se debe asignar un espacio privado para las llamadas de los inmigrantes a los abogados y visitas de consejeros; y,
• Las llamadas de abogado-cliente no deben ser monitoreadas en cualquier circunstancia.
“Tenemos la esperanza de que se puedan cerrar estos centros en algún momento gracias a la presión de las comunidades por el maltrato en general…pensamos que es importante traer a la opinión pública todo este reporte de lo que pasa en nuestras comunidades…” afirmó Nicholls.
