Juana Villegas: La mexicana indocumentada que le ganó a Tennessee

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“El Consulado General de México en Atlanta expresa su amplio reconocimiento a la expedición y entrega de una visa “U” a la connacional Juana Villegas de la Paz, quien fue víctima de malos tratos por parte de oficiales de policía del Gobierno Metropolitano de Nashville y del Alguacil del Condado Davidson, Tennessee, durante su detención y el alumbramiento de su hijo mientras se encontraba en custodia en 2008”
Así se pronunció hace pocos días el representante del gobierno de México en Atlanta en un escueto comunicado donde se advierte del triunfo en su última batalla contra las autoridades policiales que obtuviera, la mujer a la cual, oficiales del alguacil del condado de Davidson violaron sus derechos fundamentales mientras ésta estaba bajo su custodia.

Los vejámenes y atropellos contra Villegas

El medio día del 3 de julio de 2008 Juana Villegas de la Paz, tenía nueve meses de embarazo y conducía hacia casa con sus tres hijos, luego de haber atendido una cita médica en el área metropolitana de Nashville, en ese momento un policía la detuvo y, según pudo establecerse en una demanda posterior, el oficial decidió arrestarla por conducir sin licencia, debido a que el agente sospechó que estaba ilegalmente en el país.

En ese momento el condado de Davidson hacía parte del controversial acuerdo 287(g) entre el departamento de policía y el gobierno federal, por medio del cual se permitía a los policías locales hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los archivos cuentan que Villegas fue llevada a un centro de detención, donde dos días después, entró en trabajo de parto. De acuerdo con documentos judiciales, Villegas fue llevada al Hospital General de Nashville, donde fue puesta en una camilla con las manos y los pies encadenados.

Posteriormente se lee que, una vez la mujer fue puesta en la habitación del hospital, dos ayudantes del sheriff del condado de Davidson, quienes la habían trasladado al lugar, se negaron a abandonar el cuarto, “cuando ella se cambiaba la bata de hospital, y desconectaron su teléfono para que no pudiera alertar a su esposo acerca del parto”, según los archivos del caso.

Pero, la situación no se detuvo ahí; uno de los ayudantes le encadenó el pie izquierdo y la mano derecha a la cama del hospital, algo que el personal médico denominó como una “bárbara” violación de las normas médicas, dicen registros de la corte. “Las cadenas y los grilletes fueron finalmente quitados antes de que diera a luz”.

Una vez que la mujer dio a luz, y contradiciendo una orden médica, un tercer ayudante del sheriff la volvió a encadenar a la cama, lo cual según el abogado que atendió a la mujer en una demanda por 1,2 millones de dólares dijo que, los policías del departamento del sheriff, violaron la constitución estatal de Tennessee y la federal.

Tras un juicio de tres días, en abril de 2011, el juez de distrito de EU, William Haynes, decidió en favor de Villegas, el jurado entonces dio una indemnización por 200,000 dólares a la mujer, pero el caso no de detuvo ahí y Villegas de la Paz siguió su lucha, ahora por obtener una Visa U, por haber sido víctima de un crimen.

Se hizo justicia

En una entrevista para la cadena CNN el abogado de la mexicana Elliot Ozment, dijo “Pensamos que el nivel de mala conducta se ha elevado tan alto que por lo que ha sufrido se merece una U-visa”, y tres años después eso se hizo realidad.

“El caso de la señora Villegas de la Paz sienta un importante precedente en Estados Unidos, pues se trata de la primera ocasión en que una persona recibe una visa “U”, derivado de la certificación de un juez federal y como resultado de la violación de sus derechos civiles por una autoridad estadounidense”, dijo el cónsul general de México en Atlanta Ricardo Cámara.

“El Consulado dio puntual seguimiento al caso de la señora Villegas de la Paz desde su detención en julio de 2008 y trabajó con ella, sus abogados y organizaciones pro inmigrantes en apoyo a las acciones legales que resultaron en la conclusión favorable de este caso”.

La U-visa le permitiría a Villegas, vivir y trabajar legalmente en el país durante tres años, con derecho a renovación por otros tres más. Durante dicho periodo, ella puede arreglar su estatus y convertirse en una ciudadana legal.