Proyecto de ley busca quitar licencias a jóvenes con Daca, asilados y refugiados

Por: Rafael Navarro- El Nuevo Georgia News.

Jaime Rangel tiene ahora 23 años, nació en México por accidente, porque su madre a los 8 meses de embarazo dejó Estados Unidos para tenerlo del otro lado, porque le habrían contado en ese entonces que si tenía al bebé aquí, el gobierno se lo podía quitar. A los 8 meses, regresó con su hijo en brazos y nunca más regresó a su país natal.

Rangel habla el español con dificultad porque el inglés es su primer idioma, ahora está cursando estudios de contaduría y finanzas, al tiempo que es voluntario de varias organizaciones. Hace dos años el alivio migratorio para los llegados en la infancia le cayó como anillo al dedo y le ha servido para llevar una vida más tranquila.

Pero el año pasado la propuesta SB 404 presentada por un senador republicano estuvo a punto de quitarle el privilegio de conducir con una licencia en el que es su estado, y esta misma semana el senador, también republicano Joshua McKoon representante del distrito 29, ha introducido la SB 6, que tiene el mismo propósito, pero que en su esencia es más agresiva que la anterior.

“Yo pienso que eso va a causar un impacto muy negativo en el estado, y honestamente no creo que tenga futuro porque en Arizona una similar fue fallada en contra por la Corte Suprema”, dice Rangel quien vive en Dalton al norte de Atlanta.

Para él, el senador Mckoon, solo quiere usar el tema migratorio para sacar su nombre a relucir. “El ahora va a tener la oportunidad de hacer su show”, dice el joven, aunque advierte que participará en cualquier acción que busque detener esta pieza legislativa a partir del mes de enero de 2015.

“Vamos a luchar contra esa medida y vamos a trabajar con las comunidades para que se enteren de qué se trata”.

¿Qué contiene la SB 6?

La medida de Mckoon contenida en 10 páginas, busca bloquear la expedición de las licencias de conducir a todas aquellas personas que han recibido permisos de trabajo y aplazamientos de deportación a través del programa de acción diferida federal, pero además esas restricciones se ampliarían a personas en proceso de refugio, asilos políticos y víctimas de crímenes violentos que estén cooperando con las autoridades.

El proyecto de ley no ofrecería exenciones para otros grupos de personas que han recibido otro tipo de permisos para permanecer en el país, como cónyuges maltratados y padres con niños gravemente enfermos.
Así mismo también requiere que los no ciudadanos – incluidos los refugiados, los asilados y otros – que soliciten licencias de Georgia se les tomen huellas digitales o proporcionen “otras características biométricas”, lo mismo que sube sustancialmente las multas por conducir con una licencia suspendida o revocada y faculta a la policía para que los carros sean incautados bajo esas circunstancias.

El proyecto en mención ha sido urdido por el ex convicto y reconocido anti-inmigrante Donald King, quien a través de una fundación que aparenta defender a los ciudadanos de los conductores sin licencia, ha hecho todo lo posible por restringir este documento, contando para sus acciones con políticos de bajo perfil del partido republicano.

El espíritu del proyecto tiene como fin adelantarse a las posibles acciones ejecutivas que presentaría el presidente Obama. “El presidente parece que va a increíblemente a ampliar la población de la que estamos hablando” (beneficiarios de DACA) dijo el político al diario local The Atlanta Journal Constitution.

McKoon citó supuestos informes de prensa en Carolina del Sur donde “gente con Acción diferida se registraron para votar y trataron de hacerlo”

“Entendiendo el mensaje”

“Estamos tratando de entender cuál es el mensaje que ellos quieren enviar a la comunidad”, dijo Adelina Nicholls directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. “No hay un discurso coherente, siendo que muchas personas de la comunidad trabajan para ellos todos los días, ese es el lenguaje de acoso y exclusión que ellos usan para toda una comunidad aquí en el estado de Georgia”
Nicholls dijo que a pesar de que el año pasado una propuesta similar ya fue derrotada, ellos esperan que la misma siga su curso normal y en su momento se tomarán todas las acciones legales que sean necesarias para derrotarla.

Azadeh Shahshahani, directora de Seguridad Nacional del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Fundación Unión de Libertades Civiles de América de Georgia, dijo que este proyecto de ley plantea problemas constitucionales importantes, “Pero hay un montón de otras razones para oponerse a él”
Reconoció que nunca antes en la legislatura estatal se había presentado un proyecto sobre licencias de conducir tan extremo como éste.

“No creo que sea el interés de Georgia, evitar que cualquier persona, que está entrenada y probada para conducir, con un seguro válido, estando trabajando legalmente y pagando impuestos, como los beneficiarios de DACA pueda tener ese derecho”, dijo Shahshahani.

“Esta es la razón por la mayoría de los legisladores estatales votaron en contra de un proyecto de ley similar el año pasado -de hecho uno que era menos extremo que éste”.

En ese mismo orden, Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados de Georgia—GALEO-, por sus siglas en inglés, dijo que el senador Mckoon no es un senador federal, y no puede tomar acciones federales como pretende hacerlo.

“Cuando el senador crea un grupo de inmigrantes amparados bajo la ley federal a quienes les van a negar las licencias de conducir, eso va a poner a Georgia en una muy mala situación, trayendo un mensaje muy negativo para los extranjeros que quieren visitar al estado o quieren invertir en el estado”

Para González, contrario a lo que dicen otros analistas, este proyecto de ley podría tener más futuro en ser aprobado “Por el coraje que ahora le tienen (los republicanos) al presidente Obama es real”
Recordó que el año pasado se pudo derrotar la ley SB 440, que solo afectaba a los estudiantes con DACA, pero ahora en esta nueva propuesta que incluye a otras personas, eso puede ser más difícil.

Las estadísticas del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, dan cuenta que alrededor de 18.150 personas en Georgia se beneficiaron con la Acción diferida, de un promedio de 38.000 potenciales.
Según el Pew Research Center, el número estimado de inmigrantes que viven ilegalmente en Georgia se redujo 400.000 de a 375.000 entre 2009 y 2012. Georgia es uno de los 14 estados que vieron una disminución durante ese tiempo, según el informe, que se basa en los datos del censo.