Cuarenta por ciento suben arrestos para deportaciones

Por: Rafael Navarro-ENG

Victoria Gutiérrez se quejó del procedimiento de los oficiales de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos—ICE-, por sus siglas en inglés, para arrestar a su joven esposo, a escasas horas de haber ambos contraído matrimonio, aun sin reponerse del golpe dijo que era injusto haberlo detenido solo por ir caminando fuera de su casa.

En efecto, Freddy Del Valle Alcocer fue uno de los arrestados durante las redadas que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos a comienzos del mes de febrero de este año a lo largo de varios estados y Georgia no fue la excepción.

El joven estaba saliendo de su casa en Brookhaven rumbo a su trabajo, cuando oficiales de ICE que buscaban fugitivos aparentemente, lo vieron caminar en las calles internas de los apartamentos Park Towne North, y decidieron indagar por sus documentos migratorios, los cuales no pudo validar.

“Por qué no se llevan a los verdaderos criminales, él no es un criminal, no estaba haciendo nada…lo arrestaron mientras salía de la casa…”, dijo Gutiérrez, en ese momento.

Todo el país en conmoción

Las primeras redadas de febrero fueron el inicio de una pesadilla que se ha ido extendiendo por todo el país, no porque antes no se tuviera noticias de las mismas durante la administración Obama, sino porque las directrices entonces eran un poco distintas al momento de conducir los arrestos y las consecutivas deportaciones.

Dadas las nuevas órdenes ejecutivas del nuevo gobierno de Donal Trump, las prioridades para arrestar a personas indocumentadas ya no se basan en su historial criminal, sino simplemente en haber violado las leyes migratorias, suficiente argumento para ser catalogados como “amenazas para la seguridad nacional”.

Arrestos en aumento

En los 100 días transcurridos desde que el presidente Donald Trump firmó Órdenes Ejecutivas (OE) con respecto a las prioridades de la inmigración, el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a más de 41.000 personas conocidas o sospechosas de estar en el país ilegalmente. Esto refleja un aumento del 37,6 por ciento con respecto al mismo período en 2016, dijo el propio Departamento de Seguridad Nacional.

Entre el 22 de enero y el 29 de abril de 2017, los oficiales de deportación de ICE Enforcement and Removal Operations (ERO) arrestaron administrativamente a 41.318 personas bajo cargos de inmigración civil. Entre el 24 de enero y el 30 de abril de 2016, ERO detuvo 30.028.

“Estas estadísticas reflejan el compromiso del Presidente Trump de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración de manera justa y uniforme. Los agentes y oficiales de ICE han recibido instrucciones claras para enfocarse en las amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional, lo que ha dado lugar a un aumento sustancial en la detención de los extranjeros criminales condenados”, dijo el Director Interino de ICE, Thomas Homan.

“Sin embargo, cuando encontremos a otros que están en el país ilegalmente, ejecutaremos nuestro deber jurado y haremos cumplir la ley. Como lo demuestran los datos, ICE continúa ejecutando nuestra misión profesionalmente y de acuerdo con la ley, y nuestras comunidades serán mucho más seguras para ello”, afirmó, Ese fue el caso concreto de Del Valle Alcocer.

Casi el 75 por ciento de los arrestados durante este período en 2017 son criminales convictos, con delitos que van desde homicidios y agresiones hasta abuso sexual y cargos relacionados con drogas, añade el gobierno en sus informes.

La detención de extranjeros en general en la comunidad aumentó en más del 50 por ciento, de 8.381 el año pasado a 12.766 arrestos este año durante el mismo período.

La detención de criminales condenados extranjeros subió casi 20 por ciento, de 25.786 el año pasado a 30.473 este año.

Los delitos violentos como homicidio, violación, secuestro y agresión representaron más de 2.700 condenas.

“En total, desde que el Presidente firmó las Orden Ejecutiva, la actividad de aplicación de la ley de inmigración del ICE ha resultado en más de 400 arrestos diarios, incluyendo la captura de delincuentes violentos”, afirma el gobierno.

Justifican la detención de unos con los otros

Para justificar las detenciones masivas de todo tipo de inmigrantes indocumentados que no tienen delitos criminales, el gobierno elaboró una corta lista de ejemplos con los que quiere demostrar que las detenciones que lleva a cabo y los procesos de deportación, muchas veces sin el debido proceso han tenido una justa motivación, por ejemplo:

-La detención el 9 de marzo en DeKalb, Georgia, de José Ignacio Mercedes Meza, de 52 años, ciudadano de México residente en Atlanta, buscado por cargos criminales por abuso de menores.

-La detención el 13 de abril en Denver, Colorado, de José Víctor Bonilla Meléndez, uno de los “Fugitivos más buscados” de ICE, Bonilla Meléndez es también conocido como Anthony García Meléndez, ciudadano de Honduras cuya historia criminal incluye condenas por agresión causando lesiones corporales graves, agresión sexual y reingreso ilegal después de la deportación.

-El arresto del 26 de abril en Houston, Texas, de William Magaña Contreras, miembro de la pandilla salvadoreña MS-13, buscado por homicidio agravado en su país de origen.

“Todos los detenidos recibirán el debido proceso que les otorga la ley. ICE tomará medidas para remover individuos sujetos a una orden final por un juez federal de inmigración”, dijo Homan.

“Somos una nación de leyes, e ignorar las órdenes emitidas por los jueces federales socava nuestro gobierno constitucional”, advirtió.

Recientemente las autoridades confirmaron que al menos 1.095 miembros de pandillas confirmados y asociados fueron arrestados.

“Aunque estos datos reflejan claramente el hecho de que los delincuentes condenados son una prioridad de la inmigración, el Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly ha dejado claro que la ICE ya no eximirá a ninguna clase de individuos de los procedimientos de expulsión si se encuentran ilegalmente en el país”, dice el comunicado del gobierno.

“Esto es evidente por el aumento de las detenciones no penales durante el mismo período, que aumentó de aproximadamente 4.200 en 2016 a más de 10.800 en 2017”, concluyó.