AJUSTAN MEDIDAS PARA NUEVAS DEPORTACIONES

Hasta que el nuevo secretario, Alejandro Mayorkas emita nuevas directrices para las políticas del Departamento de Seguridad Nacional, el organismo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se regirá de manera interina por disposiciones en materia de deportaciones y aplicación de las leyes de inmigración.

Al menos de manera temporal los agentes del ICE deberán obtener la aprobación de su cadena de mando antes de proceder con los casos que no cumplan con los nuevos criterios de la agencia.

Las nuevas directrices requieren que los agentes revisen cada caso de manera individualizada, de acuerdo con la ley, y fomenta la coordinación entre el personal de campo y el liderazgo del organismo. El plan de trabajo busca optimizar los recursos limitados para hacer cumplir las leyes de inmigración de la manera más justa y con mayor impacto, según reza en su porte de prensa del organismo.

Las pautas tienen efecto desde la semana anterior y Mayorkas tendrá 90 días para presentar un nuevo paquete después de consultar con los miembros del Departamento y actores externos interesados en el negocio de la seguridad nacional.

La guía provisional prevé que ICE se concentre en aprovechar los recursos civiles para la aplicación de las leyes de inmigración y los recursos de deportación para ser redirigirlos a combatir las amenazas a la seguridad nacional, de fronteras y del público en general. Las nuevas directrices definen cuales casos representan una amenaza y no requieren una aprobación previa.

El patrón de trabajo del ICE utilizará 4 líneas para dirigir el proceso de cualquier acción civil de su competencia que no reúna los criterios de presunción. Adicionalmente establece 4 requisitos para los reportes semanales que aseguren concordancia, coordinación e informen de su desarrollo para la guía final del nuevo secretario.

En comunicado a la prensa, el Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés), establece que su labor por el momento es maximizar los recursos con los que se cuenta.

“Aprovechando nuestros mínimos recursos en casos que representen amenazas para la seguridad nacional, en las fronteras y la seguridad pública, nuestra agencia podrá de manera más hábil ejecutar su misión de aplicar la ley”, dijo el Director encargado del ICE Tae Johnson.

Igualmente, Johnson indicó que “Al implementar un sistema para obtener una aprobación previa antes de perseguir ciertos casos y a través de informes regulares de acciones civiles de cumplimento de la ley de inmigración coordinaremos mejor los esfuerzos, lograremos coherencia en nuestras operaciones e informaremos el desarrollo de las nuevas pautas de cumplimiento del secretario”.

La guía establece los criterios para determinar qué casos se pueden considerar como amenaza y aquellos que no representaran esas presunciones y tendrían por lo tanto que se aprobadas para continuar con esos procesos.

Se presume que una persona es considerada una amenaza si se ha involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje o si su aprehensión es necesaria para proteger la seguridad nacional.

Otra de las líneas de consideración establece qué personas son consideradas prioridad para la aplicación de las leyes de seguridad fronteriza si son detenidas o fueron detenidas mientras ingresaban ilegalmente al territorio nacional el 1 de noviembre 2020 o después o si estaban físicamente presentes en el país antes del 1 de noviembre de 2020.

De otra parte, personas representan una amenaza para la seguridad pública, si han sido condenadas por un delito grave o han sido parte de una actividad de bandas u organizaciones delictivas transnacionales y hay evidencia que pueden ser una amenaza para la seguridad pública.

Al evaluar estos casos, los oficiales y agentes deben tener en cuenta la extensión, gravedad y actualidad de cualquier actividad y sus atenuantes que incluyen entre otros, circunstancias personales, familiares, salud y vínculos con la comunidad y evidencia de rehabilitación si es del caso.