ICE extenderá programa que libera a indocumentado

La agencia federal encargada de las prepara un plan piloto para extender un programa que permite liberar a extranjeros detenidos en la frontera mientras aguardan su día en corte, donde un juez de inmigración decidirá sus futuros en Estados Unidos.

El programa fue revelado esta semana por el sitio de noticias Axios. El reporte indica que el gobierno de Joe Biden ampliará el programa federal conocido como Alternativas de Detención (Alternatives to Detention -ATD-) y favorecerá principalmente a extranjeros que buscan asilo, un beneficio legal disponible, y que no representan un riesgo para la seguridad pública o nacional.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el cual opera ICE, dijo a Univision Noticias que las alternativas de detención “son un método efectivo para rastrear a los no ciudadanos liberados de la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (CBP) que están esperando sus procedimientos de inmigración”.

El vocero dijo además que “aquellos (extranjeros) que no informen (entreguen datos de identificación personal) están sujetos a arresto y posible deportación por parte de ICE”.

De qué se trata el plan

De acuerdo con datos del gobierno, actualmente hay unos 180,000 indocumentados liberados bajo el programa ATD que están siendo monitoreados por ICE y que tienen tobilleras electrónicas o permanecen en domicilios controlados por las autoridades tras el pago de fianzas.

El programa piloto reportado por Axios consistiría en una ampliación del ATD que incluye confinamiento domiciliario y toque de queda.

El objetivo es reducir la cantidad de extranjeros en centros de detención tanto del CBP como de ICE, y de paso cumplir con una de las promesas de campaña del presidente de poner fin al lucro con los inmigrantes en centros de detención manejados por empresas privadas.

El plan asoma poco después de conocerse, en enero, un récord de casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR), con 1.6 millones de casos acumulados, de acuerdo con un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.