Jueces de inmigración retoman autoridad para cerrar casos

Tras una reciente decisió, el fiscal general Merrick Garland devolvió a los jueces de inmigración la autoridad para ordenar el cierre administrativo en ciertos casos de deportación, una valiosa herramienta discrecional que había sido retirada en 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, bajo el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

“Mientras avanza la reglamentación y excepto cuando un tribunal de apelaciones haya dictaminado lo contrario, los jueces de inmigración y la Junta (de apelaciones de Inmigración -BIA-) deben aplicar el estándar para el cierre administrativo establecido en Matter of Avetisyan”, señala un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ).

Garland indicó en el fallo “anulo la decisión de la Junta del 31 de julio de 2018 y devuelvo el caso a la Junta para que proceda de acuerdo con esta opinión”.

En la opinión, Garland también dijo que anulaba un segundo fallo emitido por Sessions el 27 de diciembre de 2018, donde concluyó que “el uso de la herramienta de cierre administrativo por parte de los tribunales de inmigración no estaba autorizado”.

El DOJ explicó que el cierre administrativo es “una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para pausar temporalmente los procedimientos de deportación”.

“Los favorecidos son aquellas personas que tienen casos de deportación y se encuentran en la fase inicial antes que haya un veredicto. El juez puede terminar el caso o cerrarlo, y enviarlo al servicio de inmigración (USCIS) para que proceda en el caso que exista una vía legal para la obtención de la residencia (green card o tarjeta verde)”.

En la opinión emitida por Garland, señala que la herramienta del cierre administrativo rehabilitada “no resuelve ni desestima el caso, sino que elimina un expediente del calendario activo de un juez de inmigración o del expediente de la Junta”.

Añade que los jueces de inmigración han empleado el cierre administrativo “durante muchas décadas” y que hasta mediados de 2018 “se había convertido en una “herramienta de rutina que se utiliza para regular los procedimientos” y “administrar el calendario de un juez de inmigración (o el expediente de la Junta (de Apelaciones -BIA-)”.

El cierre administrativo, dijo Garland, los jueces de inmigración lo utilizaron “durante al menos tres décadas” en las “circunstancias apropiadas”.