Piden mostrar medidas de protección en cárceles de ICE

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió transparencia al gobierno y conocer todo lo que ha hecho la Oficina de Inmigración y Aduanas para evitar que los inmigrantes encarcelados se contagien con el coronavirus. 

Para conocer qué estrategias se activaron y qué planes se llevan a cabo en la actualidad, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una solicitud de registros públicos, en virtud de la Ley de Libertad de Información FOIA, “para obtener documentos relacionados con la respuesta de ICE a la pandemia del covid-19”, dijo el grupo de derechos civiles.

La respuesta del gobierno de Donald Trump a la pandemia en los centros de detención de inmigrantes sigue causando preocupaciones, no solo por el nivel de contagios de covid-19 reconocidos hasta ahora, sino también por los protocolos implementados desde el comienzo de la emergencia de salud pública para evitar que el nuevo coronavirus se propagara en el interior de las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

ACLU argumentó que expertos en salud pública “han estado advirtiendo durante meses que las cárceles de inmigrantes serían puntos críticos para la propagación de covid-19” y que hasta ahora (viernes al mediodía) la agencia federal “ha reportado 1,181 casos confirmados de covid-19 en personas detenidas y 116 casos confirmados en el personal”.

ICE detalló que el número de internos infectados por el virus resultó de 2,368 pruebas hechas en una población total de 26,660 indocumentados privados de libertad. 

Es decir, solo han realizado hasta el momento pruebas al 8.8% de los detenidos, dos inmigrantes ya han fallecido por el virus.

ACLU dice que es probable “que esos números reflejen un recuento insuficiente importante: solo 2,368 de las casi 27,000 personas detenidas han sido evaluadas”. 

Esto porque la tasa positiva para aquellos que han sido analizados “es casi del 50%”. Asimismo, enfatizó que en mayo fallecieron dos detenidos a causa del covid-19, así como tres trabajadores de centros de detención de ICE.

“La detención masiva de inmigrantes en este país fue una crisis a largo plazo durante más de una década, pero esta pandemia ha revelado cuán profundamente inhumano realmente es”, dijo Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.

“ICE ha demostrado una y otra vez que no puede proteger la salud y la seguridad de las personas que detiene. Las condiciones de detención solo se han deteriorado bajo el gobierno de Trump y en una pandemia global son especialmente mortales”, agregó.

Pandemia hace colapsar tribunales migratorios

La pandemia del Covid-19 no solo causa estragos en la salud y en la economía, sino se espera que, al ser reanudadas las cortes de inmigración, los retrasos, sean históricos.

La Iniciativa de Inmigrantes y Migración Global (IGMI), dieron a conocer una serie de inconvenientes que comprometen el debido proceso, más allá de la cancelación de audiencias.

Entre los hallazgos, resaltan:

–Falla estructural en la Corte de Inmigración. Los tribunales y los jueces no son parte de la rama judicial, forman parte del poder ejecutivo y, más específicamente, están en deuda con el Fiscal General. Por lo tanto, el tribunal y los jueces no tienen verdadera independencia y a menudo se utilizan como una extensión de las políticas de aplicación de la ley de cada gobierno.

–Los fallos de los jueces de inmigración pueden ser revocados por el Fiscal General. Las preocupaciones de las fuerzas del orden público, en lugar de las judiciales, tienden a liderar esas decisiones.

–No hubo instrucciones del DOJ para cerrar los tribunales debido a la pandemia. No se dio ninguna guía sobre cómo tratar el virus hasta que surgieron esfuerzos de base sin precedentes que involucraron a jueces, fiscales y abogados junto con expertos en salud pública.

-Solo se están escuchando casos de detenidos, pero persisten serios problemas de salud y riesgo de exposición a covid-19.

-La pandemia ha obligado a los casos de detención, a ser escuchados por video y teleconferencia, utilizando equipos de mala calidad. 

-El Departamento de Justicia no ha revelado cuántas audiencias se han pospuesto debido a la pandemia desde el 18 de marzo, entre ellas la de Arriaga. Pero según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York), el cierre del gobierno de 2018-19, cuando en el Congreso se debatía la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Nación, resultó en la cancelación de 15,000 a 20,000 casos por semana.

En ese entonces, la Corte tenía unos 768,000 casos acumulados y, en promedio, cada caso tardaba unos 718 días en ser resuelto. Al 30 de marzo de este año había 1,129,890 casos acumulados (sin contar unos 300,000 reabiertos por el Departamento de Justicia bajo el amparo de la política migratoria de ‘tolerancia cero’) y en promedio cada caso demoraba 1,029 días en ser resuelto.