Miedo a autoridades sigue siendo obstáculo para organizaciones

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Juana Pérez, quien trabaja con la comunidad ayudando a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica a través de la organización Caminar Latino, dijo que es verdaderamente alarmante el número de mujeres que no están denunciando los casos de abusos por temor a hacer las denuncias ante las autoridades policiales.

Pérez, denunció que desde que se hizo ley la HB-87 y entró en vigor la disposición que convertía en un crimen manejar sin licencia, la organización para la cual trabaja ha visto como se ha disminuido el número de casos reportados y peor aun el número de mujeres que eran atendidas y que dejaron de recibir los servicios por miedo a ser detenidas y deportadas.

“Ellas tienen miedo, miedo de enfrentarse a autoridades y oficiales de policía”, dijo la mujer a El Nuevo Georgia.

“Esas mujeres siguen en peligro junto con sus hijos, no sabemos qué va a pasar con ellas, pero eso es una verdadera tragedia”, anotó.

Pérez dice que estas mujeres y muchas más que no están en casos de violencia intrafamiliar tienen miedo de conducir para llevar a sus hijos a las escuelas, para ir al trabajo y para pedir ayuda profesional. “Eso las hace más vulnerables”, enfatizó.

Por su parte Jessica Nunan, otra de las funcionarias de Caminar Latino se mostró preocupada porque toda esta serie de situaciones que se viven en el núcleo familiar, afecta de manera directa a los niños.
“Ellos están teniendo serios problemas en las escuelas dijo”

“De por sí, el tema de la violencia doméstica no es un tema que se hable muy abiertamente y todo esto lo agrava más”, anota Pérez, quien describe una de las víctimas de este flagelo confesó que estaba siendo agredida por su pareja pero no tenía el valor de hacer la denuncia por miedo a que descubrieran su estatus migratorio.

“El miedo es tal, que tampoco quieren aplicar para las Visas U y Vawa, dos tipos de visas que las pueden ayudar, pero tampoco quieren saber de eso…”, se quejó Pérez.

En busca de mejores leyes

Ángela Ximena Hurtado, vicepresidenta de HOPE, una organización que promueve la educación entre los hispanos, afirma que muchas veces la voz de los estudiantes y sus historias no se escuchan, sobre todo en lo que tiene que ver con las barreras a las que se enfrentan todos los días.

La joven afirma que muchos jóvenes han claudicado en el intento por acceder a la educación superior porque sistemáticamente todas las puertas se les han ido cerrando a los indocumentados y eso crea un problema de graves repercusiones en las familias.

“Nosotros trabajamos con estudiantes para aumentar el número de estos que se gradúan de la escuela superior, y la forma como se hace es a través de capítulos de liderazgo”, dijo la joven, para quien las leyes migratorias asumidas por los estados han afectado de manera considerable a la población latina joven.

“El mensaje es que los estudiantes necesitan una reforma migratoria y la Acción Diferida—DACA, ha sido una bendición pero se requiere que ellos paguen como cualquier otro estudiante de aquí y que o paguen 3 veces más”

Juan Antonio López, junto a su esposa y sus dos hijos menores, denunció que en México ellos habían sido víctimas de las bandas delincuenciales y su esposa había sido secuestrada, por lo que se vinieron a Estados Unidos a proteger sus vidas, pero su hijo mayor fue detenido y a pesar de estar dentro de un proceso fue deportado.

“Nosotros tenemos mucho miedo de que a él allá le pueda pasar algo, nosotros aquí seguimos con miedo”, dijo el hombre quien desistió de ser fotografiado por razones de seguridad.

Quién les responde

Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados y miembro de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos en su capítulo de Georgia, dijo sentirse tocado por los testimonios que le tocó escuchar durante la sesión que llevaron a cabo hace unos días en los que se tocó básicamente el tema de los inmigrantes y las leyes represivas en su contra.

“Me impactó el miedo que tiene la comunidad, es muy real, el miedo impacta por los abusos que se cometen en la comunidad”, dijo González.

“Personas que son víctimas de violencia domestica, estudiantes que no pueden ir al colegio, miedo de los policías, eso no debe ocurrir en este país” advirtió al tiempo que dijo que tanto GALEO, como la Comisión tomaban muy en cuenta todas las denuncias recibidas.

“Estamos trabajando muy duro para asegurarnos que los derechos civiles sean protegidos aquí en el estado y en las nuevas leyes que van a proponer a nivel nacional”

Con relación a los resultados de sesiones como la realizada en la que se escuchó a miembros de organizaciones, agentes del orden, funcionarios y personas afectadas, dijo que iban a elaborar un reporte que va a ser compartido con los congresistas y con los oficiales electos para determinar qué impacto tienen en los latinos las leyes de inmigración que han puesto en Georgia y en los derechos civiles de los inmigrantes”

“Con esa información esperamos que los congresistas tengan esa referencia para hacer mejores políticas para beneficio de nuestras comunidades e involucrarlas a ellas cada vez más”, declaró.

Señaló que el objetivo de la Comisión de Derechos Civiles es informar y educar a los oficiales electos y como pueden ellos pasar leyes más beneficiosas para toda la comunidad.

“Y eso debe hacer parte de cómo deben ellos implementar las leyes en el futuro…a la luz del actual debate de inmigración lo que buscamos es medir el impacto de las leyes estatales en la comunidad latina y en los inmigrantes” concluyó.