Apelan decisión de Juez Thomas Thrash

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Cumpliendo con lo que había prometido de luchar hasta las últimas consecuencias a favor de la ley anti inigrante HB-87, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Justicia, apeló a principios de esta semana la decisión del juez Thomas Thrash, que bloqueó dos secciones de la legislación por considerar que podrían ser inconstitucionales.

Ya en un escueto comunicado, la portavoz Lauren Kane había dicho que un aviso de apelación fue presentado el martes 5 de julio en la Corte de Apelaciones del 11avo Circuito.

Como se ha venido informando a través de los medios locales y nacionales, el juez Thomas Thrash acató el 27 de junio una petición presentada por grupos defensores de los derechos civiles para evitar que entraran en vigor dos secciones de la iniciativa de ley 87 hasta que se resuelva una demanda que impugna la constitucionalidad de la ley.

Al bloquear las secciones 7 y 8 de la HB87, el tribunal rechazó la “hipocresía” del estado al afirmar que la nueva ley pretende evitar la explotación de personas indocumentadas y llamó a la verdadera intención legislativa, que consiste en crear “un clima de hostilidad, miedo, desconfianza e inseguridad, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

La sección 7 del HB-87, intentaba crear tres nuevos delitos relacionados con el transporte, la acogida y asistencia a los inmigrantes indocumentados, redactada en términos excesivamente amplios y confusos que incluso iban más allá de la ley federal en estas áreas y que podría criminalizar a un adolescente por transportar a sus padres indocumentados o a personas como un médico o un abogado mientras atienden una cita.

La Sección 8 intentaba conceder amplias facultades discrecionales a las autoridades estatales y locales para investigar el estado migratorio de los sospechosos, detenerlos y arrestarlos sin orden judicial en determinadas circunstancias.

Otras secciones de la HB-87 entraron en vigor el viernes primero de julio, entre ellas la que convierte en delito el uso de información o documentación falsa cuando se solicite un empleo, y contempla penas de 1 a 15 años de prisión y hasta 250 mil dólares de multa.

La otra crea una junta de supervisión migratoria para investigar quejas sobre funcionarios que no cumplen con las leyes estatales referentes a la inmigración ilegal, y contempla la suspensión del funcionario y multas hasta por 250 mil dólares.

La Apelación

La Apelación fue interpuesta ante la Corte de Apelaciones del 11avo Circuito y en la misma se solicitan argumentos orales y esboza las objeciones de Georgia a la decisión del juez.

“La apelación esgrime que el juez federal Thomas Thrash cometió un error al bloquear dichas partes de la ley porque los demandantes “no tienen una posibilidad de que el laudo sobre el fondo del asunto les sea favorable, no han mostrado haber cometido un daño irreparable y porque el daño al público es mucho mayor que su interés”, reportó la AP.

“Pensamos que el juez emitió un fallo bien pensado en este asunto, y creemos que la decisión de Georgia está en línea con la mayor parte de la jurisprudencia sobre este tema”, dijo Karen Tumlin, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Tumlin argumentó en la corte en favor de los grupos por las libertades civiles.

FOTO: Karen Tumlin, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, una de las organizaciones que demandó la HB-87