CORTE DE APELACIONES MANTIENE BLOQUEADAS DACA AMPLIADA Y DAPA

El Nuevo Georgia News.

La Corte de Apelaciones del 5º Circuito con sede en Nueva Orleans dijo la tarde del martes que el gobierno no tenía facultades para interponer ante ese tribunal una orden de urgencia para que fuera estudiada una apelación, que contra una orden del juez federal de Texas Andrew Hanen había interpuesto para que desbloqueara la ampliación de la Acción Ejecutiva para Jóvenes-DACA y la Acción Ejecutiva para Padres- DAPA.

Dos de los tres jueces de la Corte del 5º Circuito dijeron que el gobierno no tiene la facultad para pedir tal solicitud de urgencia, por lo tanto, las órdenes ejecutivas continuarán bloqueadas hasta tanto ellos no tomen en cuenta los alegatos de parte y parte, y decidan si lo que el ejecutivo está haciendo es constitucional o inconstitucional como lo dicen los 26 estados republicanos que demandaron las medidas adoptadas en noviembre de 2014.

Los jueves en contra de la petición del gobierno son Jerry Smith y Jennifer Walker Elrod.

El pasado 16 de febrero el juez federal Andrew Hanen bloqueó temporalmente la Orden ejecutiva del presidente Barack Obama, promulgada el pasado 20 de noviembre de 2014.

La decisión obedeció a la demanda que 26 estados, incluido Georgia han interpuesto ante las cortes federales argumentando que el presidente se había extralimitado en sus funciones, por lo que pidieron a través del recurso que la medida fuera bloqueada de manera permanente, tal como lo hizo en una primera instancia un juez republicano de Texas.

El juez de distrito Andrew Hanen, con su decisión dejó en vilo las aspiraciones de al menos 5 millones de personas que se beneficiarían de las Órdenes Ejecutivas, al no haber en este momento ningún otro mecanismo legal en el país para regularizar su situación y evitar así la deportación.

El gobierno argumentó que Obama había actuado bien dentro de las competencias federales que tiene un presidente para decidir cómo hacer cumplir las leyes de inmigración. Pero Texas y otros estados dijeron que las medidas ejecutivas eran un caso flagrante en el que el gobierno impondría nuevas leyes por decreto, lo cual generaba enormes costos en sus presupuestos.

Los estados demandantes son: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

Reacciones

Adelina Nicholls de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR-, por sus siglas en inglés dijo que el gobierno no podía hacerse llamar por un lado el campeón para nuestra comunidad, y por el otro seguir manteniendo el programa 287(g) que tanto le causaban mal a las familias.

” 287 (g) es un programa que se ha terminado prácticamente en todo el país a causa de los abusos y de perfiles raciales que causa pero sigue estado activo en dos de nuestras comarcas”, dijo Nicholls.

“El presidente no sólo tiene el poder que no ha usado, sino que tiene promesas incumplidas…no solo debe luchar en los tribunales sino mediante la finalización de una vez por todas de la colaboración entre la policía y ICE”, concluyó.