Llevan ante las Naciones Unidas casos de mujeres esterilizadas en Georgia

Project South y la Clínica Legal Transnacional de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania presentaron una comunicación urgente ante las Naciones Unidas que aborda las violaciones estadounidenses del derecho internacional en los centros de detención de inmigrantes en Georgia y pide una visita coordinada al lugar y una condena internacional, por los abusos contra inmigrantes que se llevan a cabo en estas instalaciones.

La comunicación, que fue presentada ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, y otros Procedimientos Especiales de la ONU, responde a informes de negligencia médica y maltrato a mujeres bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC) en Ocilla, Georgia.

Los informes de abuso incluyen relatos de mujeres inmigrantes que fueron sometidas a procedimientos ginecológicos innecesarios, incluidas cirugías no consensuadas que dejaron a las mujeres incapaces de tener hijos.

“Durante años, los inmigrantes han estado pidiendo el reconocimiento de su derecho a la dignidad y a ser tratados con humanidad, pero con poco éxito”, dijo Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de Project South. “La negativa de las autoridades estadounidenses a responsabilizarse por estos graves abusos ha resultado en nuestra búsqueda colectiva de responsabilidad a través de las instituciones internacionales. Estos abusos deben terminar y debemos adoptar políticas que garanticen que los inmigrantes sean tratados con humanidad y dignidad”.

“Esta solicitud es un reconocimiento del fracaso total de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos para poner fin a una historia de abusos contra inmigrantes detenidos”, dijo la profesora Sarah Paoletti de la Clínica Legal Transnacional.

“Esto no es solo un fracaso de la administración Trump, sino de las sucesivas administraciones, que han seguido aplicando políticas de inmigración que violan los derechos humanos básicos y la dignidad, al tiempo que enriquecen a las corporaciones carcelarias privadas”.

Esta solicitud sigue a una solicitud presentada a fines de octubre ante las Naciones Unidas por las representantes de la Cámara de Representantes Rashida Tlaib, Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Ayanna Pressley, que solicita una investigación exhaustiva, imparcial y transparente por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. sobre las numerosas, persistentes y graves violaciones cometidas con impunidad por el DHS contra los inmigrantes detenidos bajo su custodia.

Según los informes, cerca de 60 mujeres han presentado denuncias de procedimientos ginecológicos innecesarios y dañinos soportados por el médico contratado por ICE para brindar atención ginecológica, y algunas han enfrentado represalias por parte de las autoridades por hablar. Si bien estas violaciones en estos centros de detención han persistido, ICE ha continuado y ampliado los contratos con estas instituciones, incluida LaSalle Corrections, Inc., que opera ICDC.

En 2019, el propio inspector general de ICE emitió un informe que detalla varias violaciones por parte de los centros de detención, incluida la provisión inadecuada de alimentos y servicios médicos.

Las organizaciones de derechos humanos también han encontrado pruebas de diversas formas de abuso, incluidas las privaciones del derecho a la libertad de religión; negligencia médica con consecuencias fatales; condiciones de detención insalubres e inhumanas; separación forzosa de los niños de sus padres; muertes de inmigrantes a manos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos; y represalias contra denunciantes y otras personas que buscan reparación por los abusos cometidos durante la detención.

“Esperamos que estas presentaciones colectivas emitan un llamado para que Estados Unidos lleve a cabo una investigación exhaustiva e inmediata que proteja el derecho a la vida con dignidad para todas las personas que puedan haber sido sometidas a estos abusos”, dijo Paoletti. “Esto incluye el derecho a no ser torturado, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vida familiar, el derecho a no ser sometido a violencia de género u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la privacidad. “

Shahshahani señaló: “También buscamos la rendición de cuentas para todos aquellos que fallaron en su supervisión y deberes de proteger a los inmigrantes de estos abusos. Eso incluye ICE y Las Correcciones de LaSalle”.