“Los jóvenes Daca sí tienen presencia legal en el estado de Georgia”

Por: Rafael Navarro- ENG.

“No podemos hacer comentarios ahora sobre este caso”, fue lo que se limitó a decir Lauren Kane directora de comunicaciones del fiscal general de Georgia Sam Olens, al salir de la audiencia ante la corte del juez John Goger, donde se llevó a cabo la primera audiencia entre los jóvenes estudiantes que piden se les deje entrar a las universidades públicas, y los presentantes del Estado a quienes han demandado para que pueda cumplirse ese acometido.

Anteriormente Russell Willard, asistente principal de la oficina del fiscal había presentado los argumentos de parte del Estado frente a la demanda de los jóvenes, quienes a través de su abogado, piden que se les reconozca su presencia legal, para tener acceso a las bajas tarifas que para ese efecto, se les ofrece a los estudiantes nacidos en Estados Unidos o con estatus legal en el país.

“El gobierno federal no nos puede indicar lo que debemos hacer”, dijo Willard, en referencia a la oposición abierta que el gobierno republicano que rige los destinos del Estado, ha asumido frente al tema, con lo cual niega cualquier posibilidad a que los jóvenes que tienen excelentes calificaciones y una presencia legal otorgada por el gobierno federal, paguen menos dinero que los internacionales cuyas colegiaturas se triplican en algunos casos.

“El mismo gobierno nos dice que ellos no tienen presencia legal, porque pueden ser deportados en cualquier momento…”, argumentó el abogado Willard cuando el juez Goger le requirió que sustentara su negativa a que los jóvenes demandantes fueran beneficiarios al pago de matriculas subsidiadas.

Esperamos la mejor decisión

“Estamos esperando una decisión buena, además el juez tiene el poder y el derecho de hacerlo…” dijo el abogado Charles Kuck luego de exponer su alegato ante el magistrado de la corte superior de Fulton. “Hoy presentamos nuestros argumentos y al fin del día los jóvenes que tienen la acción diferida deben tener el derecho de pagar la tuition (matrícula) de aquí del Estado…”

La demanda se refiere a que los estudiantes con acción diferida para los llegados en la infancia, están pidiendo se les dé el mismo derecho de pagar sus colegiaturas como residentes del estado de Georgia, tal como lo expone el reglamento creado por la Junta de Regentes, del sistema universitario estatal.

En ese tenor, el reglamento advierte que los estudiantes tienen que comprobar que tienen presencia legal, no estatus legal, en el estado para acceder a las ayudas en las matriculas, pero el gobierno local se niega a admitir el reconocimiento que el gobierno federal ha hecho de ellos, a través del programa conocido como Daca, que les otorga un número de seguro social, un permiso de trabajo y en los estados licencias de conducir.

“No sabremos que hará el juez hasta que haga la decisión, el gobierno (estatal) tomó la posición de que el juez no pude tomar una decisión frente a este caso porque nadie puede elevar cargos contra el Estado”, dijo Kuck al referirse a uno de los argumentos presentados en la audiencia.

Sin embargo cuando durante la audiencia el juez le preguntó al jurista qué iba a pasar con esos jóvenes durante los próximos dos años mientras tenían el estatus concedido por Daca, Kuck respondió que no iba a pasar nada porque ellos tenían los documentos que se requieren para demostrar la presencia legal en el país.

“Mientras (ellos) tienen ese estatus por dos años, el derecho que ellos tienen es el de vivir en los Estados Unidos sin miedo de ser deportados, porque ninguno de los estudiantes demandantes tienen procesos de deportación y ellos tienen derecho a trabajar de funcionar en nuestra sociedad, de tener un seguro social y ser sometidos a E-verify y de tener una licencia de conducir” reconoció el letrado.

Este es un litigio político

Para Charles Kuck, el juego que tanto Estado como la Junta de Regentes tienen es de carácter netamente político.

“La Junta de Regentes cree que si ellos no hacen todo el esfuerzo de negar las matrículas a los que tienen Daca, al fin del día la asamblea general de Georgia va a tomar el poder por ellos y va a hacerlo por sí mismos, y ese es el miedo que tienen, y por esa razón están luchando en su posición aunque yo creo que su posición es sin bases…” reflexionó.

“Con la Junta de Regentes es absolutamente política la posición…los regentes están diciendo que alguien con Daca no es legal en el estado, y eso es sin fundamento…”

Kuck adelantó los posibles escenarios que puedan presentarse y uno de ellos es que el juez Goger no quiera seguir adelante con el caso, “él puede decir que está de acuerdo con los que tienen Daca pero no puede hacer nada…el otro escenario es que diga, yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno y no estoy de acuerdo con los que tienen Daca que no tienen presencia legal en el estado…eso puede ser lo negativo”

De alguna de estas dos formas el abogado dijo que seguirán adelante llegando hasta la Corte de Apelaciones en el estado o hasta la Corte Suprema si es el caso.

Energía positiva

Rigoberto Rivera uno de los jóvenes que hacen parte de la demanda contra el estado de Georgia, reconoció que la primera audiencia en la corte superior del condado de Fulton fue un paso positivo en esta demanda.

“Salimos con energía positiva, el juez no quiso escuchar algunos argumentos del Fiscal General y dijo que se quería mover a los detalles y que argumentara que si teníamos o no presencia legal en el Estado, ahora esperamos que nos dé la razón a nosotros…”, dijo el joven

Se mostró complacido con la actuación de su abogado representante, el cual puso los puntos precisos de lo que significa la presencia legal y citó partes de la constitución donde dice que sí se puede demandar al Estado.

“Vamos a seguir presionando a la Junta de Regentes para que nos de algunas respuestas… Vamos a usar el mismo argumento que el fiscal usó para otorgar las licencias de conducir porque se basó en la ley del Real ID, y si nos validó las licencias que nos permita la matrícula como residentes de aquí”, señaló.

Rivera dijo que durante el tiempo que antecedió a esta primera audiencia, Fiscal General mandó solicitar muchos documentos a los 39 demandantes, certificar cuándo se graduaron, sus impuestos, y si sus papás pagan impuestos, si estaban emancipados.

“Todo lo que una universidad pide si vamos a aplicar para in state tution…y el abogado emitió todos los documentos que el fiscal pidió…estamos y seguimos peleando las colegiaturas a precios regulares como todos los estudiantes del Estado”, concluyó.

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