La Ley HB 87 autoriza a la polic\u00eda a exigir \u201cpapeles\u201d que comprueben la ciudadan\u00eda o condici\u00f3n migratoria de personas a quienes obliguen a detenerse en la v\u00eda p\u00fablica,, convierte en delincuentes a las personas que interact\u00faan a diario con las personas indocumentadas y hace injustificablemente dif\u00edcil que los individuos que no cuenten con determinados documentos puedan tener acceso a instalaciones y servicios estatales.<\/p>\n
Esta ley extremista, denuncia la coalici\u00f3n, pone en peligro la seguridad p\u00fablica, alienta la caracterizaci\u00f3n o discriminaci\u00f3n racial de los latinos, los asi\u00e1ticos y dem\u00e1s personas con apariencia de extranjeros e interfiere con las leyes federales.<\/p>\n
La coalici\u00f3n que entabl\u00f3 la demanda incluye a la ACLU, la NILC, la ACLU de Georgia, el Southern Poverty Law Center y el Asian Law Caucus.<\/p>\n
\u201cLa Ley de Georgia es esencialmente anti-americana: no somos un pa\u00eds donde se exige a la gente que muestre sus papeles, y nadie cree que al hacer que ciertas personas sean \u201cintocables\u201d las dem\u00e1s personas deben tener miedo de ayudar, albergar o transportar,” dijo Omar Jadwat, abogado con el Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. \u201cLos tribunales han prohibido que entren en vigor las leyes de Arizona y Utah. Georgia debe estar preparada para tener el mismo resultado.\u201d<\/p>\n
Georgia se encuentra entre un n\u00famero reducido de estados que han promulgado leyes que emulan la controvertida y costosa Ley SB 1070 de Arizona, a pesar de que la ley de Arizona fue prohibida por los tribunales. Los estados de Utah y Indiana promulgaron una ley similar a principios del a\u00f1o, pero el tribunal federal dej\u00f3 la ley en Utah en suspenso mientras se analiza a fondo.<\/p>\n
\u201cLa Ley HB 87 de Georgia contraviene los valores fundamentales y el estado de derecho,\u201d dijo Karen Tumlin, abogada supervisora, Centro Nacional de Derecho de Inmigraci\u00f3n. \u201cLe da a los habitantes de Georgia una raz\u00f3n para que teman que se les despoje de sus derechos constitucionales simplemente por su apariencia o acento.
\nLas leyes que fomentan este tipo de cruda discriminaci\u00f3n est\u00e1n a destiempo con la historia y no se les puede permitir permanecer. Estamos confiados que el juez estar\u00e1 de acuerdo que los intentos anticonstitucionales por crear divisiones entre las comunidades de Georgia no se pueden permitir.\u201d<\/p>\n
La demanda acusa que la HB 87 es anticonstitucional debido a que interfiere ilegalmente con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigraci\u00f3n en contravenci\u00f3n de la cl\u00e1usula de Supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos; autoriza y exige que se efect\u00faen confiscaciones y arrestos no razonables que infringen la Cuarta Enmienda de la Constituci\u00f3n; restringe el derecho constitucional de viajar con libertad por todos los Estados Unidos; y quebranta las cl\u00e1usulas de Protecci\u00f3n Igual y Proceso Debido de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos al discriminar ilegalmente contra las personas con ciertos tipos de documentos de identidad.<\/p>\n
\u201cEste ley extremista convierte en criminales a personas comunes y corrientes que conviven a diario con los individuos indocumentados de sus comunidades, haciendo que personasreligiosas y otros sean susceptibles del arresto y la detenci\u00f3n al realizar actos de caridad y bondad,\u201d dijo Debbie Seagraves, Directora Ejecutiva de la ACLU de Georgia.<\/p>\n
Uno de los individuos representados en el caso, Paul J. Edwards, es un cristiano devoto que cree firmemente en ayudar a todos los individuos de su comunidad, sin importar su condici\u00f3n migratoria. Como parte de este compromiso religioso, Edwards transporta a las personas, incluyendo a los indocumentados, a lugares de culto y donde se brinda atenci\u00f3n m\u00e9dica. Seg\u00fan la ley de Georgia, el Sr. Edwards ser\u00eda sujeto s a riesgos penales por ayudar, transportar y alberga a estos individuos.<\/p>\n
\u201cEsta ley socava los valores estadounidenses esenciales de justicia e igualdad,\u201d dijo Mary Bauer, Directora Jur\u00eddica, Southern Poverty Law Center. \u201cAl continuar con el discurso del odio que se ha convertido tan frecuente entre los funcionarios p\u00fablicos, esta ley amenaza los derechos tanto de los ciudadanos como de los no ciudadanos al alentar la discriminaci\u00f3n racial. Lamentablemente, esto coloca a Georgia en el lado equivocado de la historia.\u201d<\/p>\n
Otro demandante, Paul Bridges, es un seguidor del partido republicano desde hace mucho tiempo y alcalde de Uvalda, Georgia, un poblado de aproximadamente 600 personas en el Condado de Montgomery. Debido a que el Sr. Bridges habla espa\u00f1ol y es bien conocido en la comunidad, con frecuencia ayuda a interpretar en escuelas, consultorios m\u00e9dicos, tribunales y otros lugares. Tambi\u00e9n proporciona transporte a individuos indocumentados para que puedan ir a la iglesia, la tienda, citas con el m\u00e9dico y torneos de futbol en poblados aleda\u00f1os.<\/p>\n
Si la ley de Georgia entra en vigor, el Sr. Bridges y los individuos indocumentados que viajen con \u00e9l se arriesgan a que los consignen a las autoridades.<\/p>\n
\u201cGeorgia es la sede de unas de las poblaciones asi\u00e1ticas de mayor crecimiento, dijo Sin Yen Ling, abogado en jefe, Asian Law Caucus. \u201cEsta ley incita el uso de perfiles raciales de los asi\u00e1tico americanos y los inmigrantes y debe anularse.\u201d<\/p>\n
La demanda entablada el d\u00eda de hoy en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Georgia a nombre de organizaciones de derechos civiles, laborales, de justicia social y de corte religioso, incluyendo a Latino Alliance for Human Rights, Service Employees International Union, the Southern Regional Joint Board of Workers United, Alterna, Coalition of Latino Leaders, Task Force for the Homeless, DreamActivist.org, Instituto de Mexico, Coalition for the People\u2019s Agenda, the Asian American Legal Advocacy Center; demandantes individuales que ser\u00edan objeto del acoso o arresto bajo la ley; y una clase de personas en condiciones semejantes.<\/p>\n
Los abogados del caso son: Jadwat, Andre Segura, Elora Mukherjee, Cecillia D. Wang and Kate Desormeau of the ACLU Immigrants\u2019 Rights Project; Tumlin, Linton Joaquin, Nora A. Preciado, Melissa S. Keaney, Tanya Broder and Jonathan Blazer of the National Immigration Law Center; Bauer, Andrew H. Turner, Samuel Brooke, Naomi Tsu, Michelle R. Lapointe and Daniel Werner of the Southern Poverty Law Center; Chara Fisher Jackson and Azadeh N. Shahshahani of the ACLU of Georgia; G. Brian Spears; Ling of the Asian Law Caucus; R. Keegan Federal, Jr. of Federal & Hassan, LLP.; and Charles H. Kuck and Danielle M. Conley of Kuck Immigration Partners, LLC.<\/p>\n
La demanda se puede consultar en: www.aclu.org\/immigrants-rights\/georgia-latino-alliance-human-rights-et-al-v-deal<\/a><\/p>\n
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