{"id":5970,"date":"2013-05-22T13:05:55","date_gmt":"2013-05-22T18:05:55","guid":{"rendered":"https:\/\/elnuevogeorgia.com\/version2023\/?p=5970"},"modified":"2013-05-22T13:05:55","modified_gmt":"2013-05-22T18:05:55","slug":"ee-uu-penalizar-asuntos-migratorios-hace-dano-a-familias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elnuevogeorgia.com\/version2023\/politica\/ee-uu-penalizar-asuntos-migratorios-hace-dano-a-familias\/","title":{"rendered":"EE. UU.: Penalizar asuntos migratorios hace da\u00f1o a familias"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/elnuevogeorgia.com\/version2023\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/ICE.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/elnuevogeorgia.com\/version2023\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/ICE.jpg\" alt=\"ICE\" width=\"588\" height=\"248\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5971\" srcset=\"https:\/\/elnuevogeorgia.com\/version2023\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/ICE.jpg 588w, https:\/\/elnuevogeorgia.com\/version2023\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/ICE-300x126.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 588px) 100vw, 588px\" \/><\/a><\/p>\n<p>El aumento vertiginoso en la cantidad de procesos penales contra migrantes por ingreso o reingreso ilegal  al territorio de Estados Unidos supone un enorme costo humano y econ\u00f3mico, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch en un reciente informe.  Encarcelar a migrantes que no tienen antecedentes penales o solamente han sido condenados por delitos menores antes de deportarlos es una decisi\u00f3n que a menudo afecta a personas que intentan reencontrarse con familiares en Estados Unidos o escapar a la persecuci\u00f3n en su lugar de origen, coment\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n<p>El informe de 82 p\u00e1ginas, \u201cTurning Migrants Into Criminals: The Harmful Impact of US Border Prosecutions\u201d (Convertir a migrantes en delincuentes: El impacto adverso de los procesos penales en la frontera estadounidense) documenta las consecuencias negativas de los procesos penales por ingreso y reingreso ilegal, que han aumentado 1.400 y 300 por ciento respectivamente durante los 10 \u00faltimos a\u00f1os, y cuyo volumen hoy supera a los procesos por todos los dem\u00e1s delitos federales. M\u00e1s de 80.000 personas fueron condenadas por estos delitos en 2012, muchas de ellas en procesos grupales acelerados que vulneran los derechos de debido proceso. Muchas de estas personas son separadas de sus familias en Estados Unidos, y una gran proporci\u00f3n termina cumpliendo meses o incluso a\u00f1os en prisiones federales sobrepobladas, a un alto costo para el Estado.<\/p>\n<p>\u201cEl gobierno estadounidense est\u00e1 convirtiendo a los inmigrantes en delincuentes al enjuiciar a muchos de ellos en vez de simplemente deportarlos\u201d, observ\u00f3 Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. \u201cMuchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad p\u00fablica, y son simplemente personas que intentan estar con sus familias\u201d.<\/p>\n<p>El proyecto de reforma inmigratoria del Senado, presentado por un grupo de legisladores bipartidista que se conoce como \u201cGrupo de los Ocho\u201d (Gang of Eight), propone incrementar en US$ 250 millones el presupuesto destinado al procesamiento penal de estos casos en Tucson, Arizona, y establecer penas m\u00e1ximas m\u00e1s rigurosas para numerosas categor\u00edas de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal. En vez de esto, el gobierno estadounidense deber\u00eda poner fin a procesos innecesarios contra personas que ingresan ilegalmente al pa\u00eds por primera vez o en forma reincidente, coment\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n<p>El informe se elabor\u00f3 a partir del an\u00e1lisis exhaustivo de datos del gobierno estadounidense y entrevistas con m\u00e1s de 180 personas, incluidos migrantes y sus familias, abogados, fiscales y jueces.<\/p>\n<p>El incremento acelerado en la cantidad de procesos penales federales por delitos migratorios forma parte de una tendencia m\u00e1s generalizada que destina recursos anteriormente empleados en la aplicaci\u00f3n de la ley penal al cumplimiento de normas sobre inmigraci\u00f3n, que tradicionalmente se ha considerado una cuesti\u00f3n de naturaleza civil, observ\u00f3 Human Rights Watch. El ingreso ilegal, que implica entrar al territorio del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n, constituye un delito menor (misdemeanor). El reingreso ilegal, es decir, regresar nuevamente al pa\u00eds tras una deportaci\u00f3n, tiene categor\u00eda de delito grave (felony).<\/p>\n<p>El gobierno estadounidense asevera que estos procesos penales son necesarios para evitar que peligrosos delincuentes ingresen a Estados Unidos y para disuadir la inmigraci\u00f3n ilegal. Sin embargo, los procesos penales por cuestiones de inmigraci\u00f3n no est\u00e1n cumpliendo el objetivo deseado, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n<p>De hecho, muchas de las personas que son objeto de estos procesos son individuos sin ciudadan\u00eda estadounidense que no tienen antecedentes penales o solamente han estado implicados en delitos menores. En 2011, el 27 por ciento de las personas procesadas por delitos vinculados con el ingreso al pa\u00eds no ten\u00eda condenas anteriores por delitos graves, y solamente el 27 por ciento hab\u00eda sido condenado por delitos que la Comisi\u00f3n de Determinaci\u00f3n de Sentencias de Estados Unidos (US Sentencing Commission) considera como los \u201cm\u00e1s graves\u201d, incluidas condenas por delitos perpetrados con violencia o con armas. Una d\u00e9cada atr\u00e1s, en 2002, el 42 por ciento de estas personas ten\u00eda antecedentes penales que se encuadraban en la categor\u00eda de delitos \u201cm\u00e1s graves\u201d, y el 17 por ciento no ten\u00eda condenas previas por delitos graves.<\/p>\n<p>El juez de Texas F\u00e9lix Recio dijo a Human Rights Watch que el gobierno estadounidense ha creado una \u201ccategor\u00eda de delitos graves\u201d destinada a personas que no son ciudadanas: \u201cCuando no hay antecedentes penales ni inmigratorios, criminalizar a estas personas es [para m\u00ed] algo sumamente dif\u00edcil\u201d. Varios abogados defensores se\u00f1alaron que incluso muchas de las personas con antecedentes m\u00e1s graves ten\u00edan en realidad condenas dictadas a\u00f1os atr\u00e1s, y desde entonces hab\u00edan mostrado un comportamiento acorde con la ley.<\/p>\n<p>Asimismo, muchas de las personas que ingresan o reingresan ilegalmente a Estados Unidos lo hacen por motivos completamente ajenos a los conceptos tradicionales de actividad criminal, como el deseo de reencontrarse con familiares o debido a que escapan de contextos de violencia y persecuci\u00f3n en otros pa\u00edses. El juez federal de distrito Robert Brack, quien estima haber condenado a m\u00e1s de 11.000 personas por reingreso ilegal , se\u00f1al\u00f3 \u201cDesde hace 10 a\u00f1os, he presidido un proceso que destruye familias en forma diaria, e incluso varias veces por d\u00eda\u201d.<\/p>\n<p>Sin embargo, en vez de analizar si estos procesos penales cumplen los objetivos deseados, el gobierno estadounidense parece estar dispuesto a mantener esta pr\u00e1ctica, observ\u00f3 Human Rights Watch. Datos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que en los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2013, los procesos vinculados con inmigraci\u00f3n se incrementaron en un 10 por ciento.<\/p>\n<p>El aumento en la cantidad de procesos penales por inmigraci\u00f3n ser\u00eda contraproducente y antiecon\u00f3mico, coment\u00f3 Human Rights Watch. El volumen de causas penales de este tipo ha desbordado la capacidad de las cortes federales en la frontera al sudoeste del pa\u00eds, y a ra\u00edz de esto el sistema de justicia penal federal de Estados Unidos ha debido implementar atajos procesales, como celebrar juicios grupales acelerados que vulneran las garant\u00edas de debido proceso de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal.<\/p>\n<p>Los procesos por inmigraci\u00f3n consumen recursos que podr\u00edan destinarse a combatir la delincuencia organizada y otros problemas m\u00e1s graves para la seguridad en la frontera, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 Terry Goddard, ex fiscal general de Arizona, a Human Rights Watch. Las personas que son condenadas por ingreso ilegal conforme a las pautas federales para la determinaci\u00f3n de sentencias cumplen, en promedio, una pena de 19 meses en prisiones federales. Las personas imputadas por delitos vinculados con inmigraci\u00f3n representan ahora el 30 por ciento de quienes ingresan al sistema penitenciario federal, que adquiere una cantidad cada vez mayor de contratos con  c\u00e1rceles privadas para poder encarcelar a las personas que no son ciudadanas estadounidenses y son condenadas por estos delitos.<\/p>\n<p>Human Rights Watch se\u00f1al\u00f3 que el proyecto del Senado supone un paso importante al impedir que se juzgue penalmente a quienes pidan asilo y al permitir que algunas personas que hayan sido deportadas puedan solicitar la regularizaci\u00f3n de su situaci\u00f3n legal, pero proh\u00edbe esta posibilidad a la mayor\u00eda de las personas deportadas por condenas que no est\u00e9n vinculadas con inmigraci\u00f3n, no importe la gravedad del delito o el tiempo que haya transcurrido desde la condena.<\/p>\n<p>Sin duda, Estados Unidos tiene inter\u00e9s en regular el ingreso y la permanencia de migrantes en su territorio, pero los procesos inmigratorios colectivos por ingreso o reingreo ilegal  a menudo vulneran otros derechos. Human Rights Watch inst\u00f3 al gobierno estadounidense a aplicar \u00fanicamente sanciones de tipo civiles a personas que sean detenidas al intentar cruzar la frontera ilegalmente, y a incorporar en las iniciativas integrales de reforma inmigratoria alternativas claras para que las personas que hayan sido deportadas puedan solicitar regresar legalmente a Estados Unidos.<\/p>\n<p>\u201cSi el gobierno de Obama y el Congreso consideran seriamente la posibilidad de reformar el sistema inmigratorio para proteger a las familias, deber\u00edan conceder a todas las personas que han sido deportadas y separadas de sus familiares la posibilidad de demostrar que pueden hacer una contribuci\u00f3n valiosa a la sociedad\u201d, expres\u00f3 Meng. \u201cDe lo contrario, el gobierno no podr\u00e1 evitar continuar gastando millones de d\u00f3lares para juzgar y encarcelar a personas que tienen fuertes lazos con Estados Unidos\u201d.<\/p>\n<p><strong>Ejemplos de casos documentados por Human Rights Watch de personas juzgadas penalmente por ingreso o reingreso ilegal:<br \/>\n <\/strong><\/p>\n<p>-\u201cAlicia S.\u201d, una madre soltera, cont\u00f3 que intent\u00f3 ingresar ilegalmente a Estados Unidos  tres veces tras ser deportada y separada de sus dos hijas, una de las cuales padece una grave afecci\u00f3n m\u00e9dica. Si bien ha sido condenada penalmente por ingreso ilegal y cumpli\u00f3 13 d\u00edas de c\u00e1rcel, dijo \u201cA\u00fan tengo deseos de intentarlo nuevamente\u201d.<\/p>\n<p>-Rosa Manr\u00edquez, una abuela de 62 a\u00f1os que hab\u00eda vivido toda su vida adulta en Estados Unidos, fue condenada en dos oportunidades por ingreso ilegal, y la segunda vez cumpli\u00f3 cuatro meses en una prisi\u00f3n federal. Norma Pulcher, la hija estadounidense de Rosa, dijo al respecto: \u201cNunca, jam\u00e1s en su vida hab\u00eda estado en uno de estos lugares, una se\u00f1ora cristiana en la prisi\u00f3n federal. Cada vez que iba a visitarla, todos llor\u00e1bamos. Ella lloraba tan desconsoladamente que comenzaba a temblar\u201d. Luego fue deportada, y los abogados le dijeron a Norma que su madre nunca m\u00e1s podr\u00eda regresar con su familia.<\/p>\n<p>-\u201cBrenda R.\u201d fue procesada penalmente en tres ocasiones por ingresar ilegalmente a Estados Unidos para intentar reencontrarse con su esposo y dos de sus hijos estadounidenses en Dallas. Afirm\u00f3 que hab\u00eda viajado a M\u00e9xico para asistir al entierro de otros dos hijos, que murieron v\u00edctimas de una agresi\u00f3n armada, y cuando comenz\u00f3 a indagar lo sucedido la polic\u00eda le advirti\u00f3 que abandonara las pesquisas. Dijo que siempre que tuvo oportunidad manifest\u00f3 su temor de regresar a M\u00e9xico a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero que en vez de asignarla a un proceso para solicitar asilo, fue procesada penalmente.<\/p>\n<p>-Robert L\u00f3pez inform\u00f3 haber regresado a Estados Unidos cuando se enter\u00f3 de que su esposa, que es ciudadana estadounidense, sufr\u00eda una grave adicci\u00f3n a las drogas, y temi\u00f3 que el Estado les quitara la custodia de sus cuatro hijos. La pena de cuatro a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n que recibi\u00f3 Robert es m\u00e1s de cuatro veces mayor a la \u00fanica condena previa que ten\u00eda, y que cumpli\u00f3 diez a\u00f1os atr\u00e1s, por haber agredido a otro hombre durante una ri\u00f1a. Los hijos de Robert no comprenden del todo por qu\u00e9 su padre est\u00e1 en la c\u00e1rcel. \u201cMi hija mayor me pregunta \u2018\u00bfHas cometido un delito?\u2019 Y yo le digo \u2018Regres\u00e9 por ti\u2019\u201d.<\/p>\n<p>-Gabriela C\u00f3rdova-Soto, una ex residente permanente que lleg\u00f3 a Estados Unidos cuando ten\u00eda nueve meses, fue deportada despu\u00e9s de que en 2005 la condenaran por posesi\u00f3n de metaanfetaminas. Su esposo, Benny L\u00f3pez, un ciudadano estadounidense, dice que luego de que ella regres\u00f3 cambiaron completamente su estilo de vida, pero que igualmente los funcionarios de inmigraci\u00f3n se presentaron en su vivienda y la deportaron. Cuando intent\u00f3 reunirse con su esposo y sus cuatro hijos, Gabriela fue acusada de reingreso ilegal . Benny, quien se mud\u00f3 con su familia desde Kansas hasta una localidad fronteriza en Texas, dijo sobre la situaci\u00f3n: \u201cM\u00e1s all\u00e1 de si la deportan o la liberan para que viva aqu\u00ed en forma legal, somos igualmente una familia&#8230; No puedo dejar a su madre. S\u00e9 que es dif\u00edcil para los ni\u00f1os. \u00bfQu\u00e9 se supone que deber\u00eda hacer? Realmente no s\u00e9 qu\u00e9 hacer\u201d.<\/p>\n<p>-\u201cMario S.\u201d creci\u00f3 en Arizona desde temprana edad. Luego de que muriera su madre cuando \u00e9l ten\u00eda 14 a\u00f1os, comenz\u00f3 a trabajar en restaurantes de comida r\u00e1pida con documentos falsos. Cuando en un control de tr\u00e1nsito descubrieron que estos documentos no eran genuinos, las autoridades lo condenaron por falsificaci\u00f3n y fue deportado. Regres\u00f3 ilegalmente para reunirse con su esposa y su hijo nacido en Estados Unidos, pero de nuevo descubrieron que llevaba documentos falsos en un control de tr\u00e1nsito y lo acusaron de falsificaci\u00f3n e reingreso ilegal. Estos son todos los antecedentes penales que tiene. Cuando llegue el momento de ser deportado, habr\u00e1 cumplido dos a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n por estos delitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El aumento vertiginoso en la cantidad de procesos penales contra migrantes por ingreso o reingreso ilegal al territorio de Estados Unidos supone un enorme costo humano y econ\u00f3mico, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch en un reciente informe. 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