Que nadie te duerma

Nada de lo que diga referente a la Orden Ejecutiva promulgada por el presidente Barack Obama estará demás, porque tanto como en la amplia y generosa amnistía del presidente Reagan, como hace un par de años con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia—DACA-por sus siglas en inglés, muchos fueron los que no aplicaron, o por mala información o simplemente porque no estuvieron bien asesorados y dejaron pasar el tiempo, en ambos casos, la información jugó un papel importante.

Se dice que la reforma de las leyes de inmigración de Estados Unidos en 1986, abrió las puertas a la ciudadanía para más de 3 millones de indocumentados y que su impacto positivo se sigue sintiendo el día de hoy.

“Cuando el presidente Reagan promulgó hace 27 años la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA por su sigla en inglés), EE.UU. estaba a mitad de camino de la que sería una década de flujo inmigratorio sin par desde comienzos del siglo XX.

Al tradicional éxodo de mexicanos hacia el norte por la frontera sur de EE.UU. se le sumaban, entonces, los cientos de miles de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses que huían de guerras en sus países, y sudamericanos que escapaban de dictaduras militares en los suyos”

Así es como lo describe un informe titulado “Los aciertos y fracasos de la reforma de 1986”, se estima que a partir de ahí, más de un millón de peones rurales -los trabajadores migrantes que recogen las cosechas- solicitaron su legalización bajo IRCA y en su mayoría, al igual que la mayor parte de los otros indocumentados de entonces, han prosperado, han abandonado los trabajos básicos, han establecido familias y negocios.

En esta oportunidad se habla de casi 5 millones de inmigrantes los que se beneficiarían de la Orden Ejecutiva del presidente Obama, de los cuales alrededor de 170 mil, según cálculos de organizaciones pro inmigrante basados en el Censo, son residentes en el estado de Georgia, un verdadero alivio para cientos de familias.

Los beneficios fiscales para el estado se estiman a solo tres años en unos 170 millones de dólares en aportes de quienes ahora podrán salir de las sombras, aparte de lo que sería la reactivación económica en algunos otros sectores como la construcción y lo servicios generales que tendrían una mano de obra segura sin el riesgo de perder todos los días trabajadores por las deportaciones.

Ahora lo que se espera es que, quienes califiquen no caigan en las mismas trampas de siempre, como los notarios, los “asesores de inmigración” o personas inescrupulosas que aparecen para estas épocas ofreciendo lo que no deben y lo que no pueden cumplir, incluso, los famosos abogados que vienen pidiendo dinero desde el 2006, para “archivar” los documentos de los incautos.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta vez hay más información o al menos eso sospechamos, que la comunidad ha despertado y saben diferenciar un abogado tranza de uno honesto, y que, si uno de ellos les dice que “deben llevarle dinero desde ya”, es porque tiene toda la intención de robarlo, porque aun no hay ninguna aplicación o forma que diligenciar.

Quienes sí deben desde ya visitar a un profesional en inmigración con conocimiento en casos criminales, son aquellos que han sido acusados de algún delito o han sido condenados por las mismas causas. Ellos, por obligación deberán recurrir a un experto que les indique los pasos que deben seguir desde ahora, y no cuando sea demasiado tarde.