Discapacitados no se quieren seguir muriendo discriminados y en los asilos
Por primera vez en 43 años, Delores Bates, celebró su cumpleaños fuera de los muros de un asilo, ella cumplió 60 años de edad y desde los 17 quedó parapléjica debido a trastornos ocasionados por una mala práctica médica.
Dando gracias a todos, hablando como pocas veces lo hace y con lágrimas en los ojos fue una de las oradoras principales ante unos 500 activistas de la Asociación Nacional por los Derechos de las Personas con Deshabilidades—ADAPT–, por sus siglas en inglés, quienes llevan a cabo distintas jornadas en Atlanta en busca de acabar con la discriminación y los malos tratos de que son objeto.
“Delores ha estado en una institución la mayor parte de su vida en violación de sus derechos civiles, como lo siguen estando miles de personas con deshabilidades a las que el gobierno tiene en completo abandono y tomando decisiones por ellas, sin querer mandarlos de regreso a sus casas”, dijeron los activistas.
Para los activistas de ADAPT, el estado de Georgia no solo está entre los 10 peores lugares para que los deshabilitados tengan una buena calidad de vida, sino que es además el símbolo de la lucha de una mujer que demandó al gobierno estatal para ser trasladada de un hospital a su casa y luego de una larga batalla en la Corte Suprema, por fin ganó el caso.
“En ese tiempo el tribunal determinó que la práctica inadecuada de Georgia de tener a las personas deshabilitadas guardadas en una institución pudiendo vivir en su comunidad no solo era ilegal sino una muestra de segregación y discriminación”, dijo José Báez, uno de los más de 40 hispanos miembro de ADAPT que estuvo presente en la manifestación. Mark Johnson de Georgia ADAPT, dijo que “El Estado nunca ha financiado
adecuadamente los servicios de la comunidad discapacitada, y peor aun los ha recortado, a pesar de las promesas hechas por el gobernador Sonny Perdue desde la primera vez que asumió el cargo”
Latinos los más discriminados, pero en la lucha
Josué tiene 29 años y a su corta edad ya lleva media vida valiéndose de una silla de ruedas, junto con un grupo de 10 personas viajó desde El Paso Texas, a unirse a los cientos de compañeros de todo el país que quieren que el estado de Georgia reconsidere sus políticas hacia las personas con deshabilidad.
“Estamos apoyando a la gente de Georgia porque es uno de los peores estados para que las personas con alguna limitación puedan vivir bien, no queremos que nuestros compañeros se sigan muriendo en los asilos, en los hospitales o en los lugares donde los manden, ellos tienen derecho a vivir en sus casas dentro de sus comunidades”, dijo Josué.
Por su parte, para la activista y consejera Elvia Berrera, del centro Volar, Vida Independiente de Chicago, hay una doble calamidad para los hispanos discapacitados, porque por razones de cultura sus propias familias los aíslan, las comunidades no están acondicionadas para ellas y el estado finalmente no los asiste correctamente.
“Hay que llamar a las familias hispanas a que se integren a estos movimientos, eso es lo que nosotros hacemos hoy aquí en Atlanta, que los hispanos perdamos el temor y la pena de salir con nuestros discapacitados, que luchemos por sus derechos y que les demos una mejor vida” anotó.
Michelle Robbins , otra hispana quien trabaja como vocera para los latinos de la organización nacional Access Living, dice que una persona con alguna discapacidad no tienen por qué existir barreras de ninguna clase.
“Ni tu cultura, ni tu origen, ni tu idioma, todos podemos tener una mejor calidad de vida en nuestras comunidades, los latinos en este momento son una comunidad marginada y el mismo contexto familiar nos limita”, dijo Robbins de 32 años.
A su modo de ver, la cultura latina sobreprotege a las personas discapacitadas, las encierra y no le permite desarrollarse ni tener acceso a mayores recursos. “Pero eso tiene que cambiar, aquí en Georgia, aquí en Atlanta tenemos que organizar a las familias con miembros deshabilitados porque todos debemos trabajar juntos”, afirmó.
En las puertas de la gobernación
Luego de la manifestación en el Centro Histórico King, el lunes 12 de octubre los miembros de ADAPT se apostaron en las escalinatas de la gobernación para llamar la atención del gobierno estatal, al que le piden el cumplimiento de una decisión de la Corte Suprema del año 1999, en el caso Olmstead, la mujer que ganó la demanda de estar en su casa y no en un hospital.
El Gobernador Perdue, reconoció que el Estado había hecho pocos esfuerzos para proporcionar servicios de base comunitaria para las personas con discapacidad, y se comprometió a buscar alternativas distintas a la atención institucional, lo mismo que reducir los tiempos de espera en lo que se refiere a atención médica de los discapacitados.
La reducción en los trámites burocráticos fue otra de las medidas que se comprometió a adoptar el gobierno estatal lo mismo que ofrecer apoyo a las familias con miembros discapacitados para que puedan afrontar de una mejor manera su cuidado y desarrollo.
“Nosotros somos personas que podemos valernos por si mismas, llevar una vida productiva, servir en nuestra comunidad, tener un trabajo digno y unas condiciones dignas para vivir, no tenemos por qué estar encerrados en una institución, aislados del mundo”, dijo Elvia Padilla.
En Georgia entre el 2002 y 2007, el porcentaje de residentes de instituciones médicas menores de 65 años aumentó de 11,6% (7.211 personas) a 14,2% (9.273 personas).
De los aproximadamente 230.000 georgianos discapacitados solo un 5% requieren de asistencia diaria, sólo un 17% de ellos recibe alguna ayuda a través de iniciativas del estado y servicios comunitarios.
“Nosotros vamos a ir donde nos toque ir, y vamos a seguir luchando porque todo esto cambie, como discapacitados, como latinos, como personas, nadie nos puede negar nuestros derechos y nadie debe tener la autoridad de decidir por nosotros sino nosotros mismos”, concluyó Padilla.
Las familias hispanas que tengan miembros con alguna discapacidad y no reciban la asistencia adecuada o que quieran conocer más a cerca de la organización ADAPT, cómo hacerse miembros u obtener detalles de los derechos de las personas deshabilitadas, pueden comunicarse con:
José Báez: (915) 496-5468; Elvia Padilla (915) 497-8938 o Michelle Robins (312) 640-2194.