Vuelven a pedir fin del programa 287(g)

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La Unión Americana de Libertades Civiles—ACLU-, por sus siglas en inglés y organizaciones comunitaria de base se unieron a organizaciones de todo el país para renovar sus llamados a la Oficina de Inmigración y Aduanas—ICE-, para poner fin en Georgia al programa 287 (g).

A finales de mayo, ACLU de Georgia, y la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR), la Coalición de Líderes Latinos (CLILA), y Georgia Detention Watch presentaron casos específicos ante ICE en cada uno de los cuatro condados que en la actualidad tienen el programa 287 (g ) ilustrando el impacto negativo del mismo.

“Informes de ACLU de Georgia sobre Cobb y Gwinnett han documentado e ilustrado, como el programa 287 (g) ha desgarrado familias y las ha separado conduciéndolas al terror y al aislamiento en las comunidades de Georgia”, dijo Azadeh Shahshahani, Directora de los Proyectos de Inmigración y Derechos Humanos de ACLU de Georgia.

“Es hora de que el ICE ponga fin a este programa de perfil racial”, dijo la activista.

ACLU de Georgia también tiene una demanda pendiente con el Departamento de Justicia y la División de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS CRCL) pidiendo a estos organismos iniciar una investigación sobre la discriminación racial y la discriminación policial prácticas en Cobb y Gwinnett.

“A pesar de la ‘buena intención’ del programa 287 (g) para hacer nuestras comunidades más seguras, en la práctica, se ha hecho todo lo contrario”, dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos–GLAHR.

“En esencia, tolerar la discriminación racial contra los inmigrantes, por medio de la 287 (g) ha tenido consecuencias devastadoras: Muchos inmigrantes en Georgia, ahora tienen miedo de conducir, incluso entre el trabajo, el hogar y la iglesia, y con miedo de llegar a la policía para pedir ayuda”, dijo Nicholls.

“Zonas enteras han sido abandonados después de la aplicación intensa de esta parte de la ley, devastando empresas locales”, anotó.

Las organizaciones también firmaron una carta este 16 de julio pidiendo a la administración de Obama poner fin a las asociaciones de inmigración con las policías locales en Arizona y estados con leyes similares a la SB-1070, incluida Georgia.

“El costo humano de la aplicación de este programa es alto, ya que esta iniciativa ha causado temor generalizado entre los ciudadanos, residentes legales e inmigrantes indocumentados por igual. Los dueños de negocios, educadores, y líderes religiosos están preocupados por el impacto “, dijo America Gruner, presidenta de CLILA.

“La mayoría de las personas que han sido detenidas en el Condado de Whitfield son trabajadores, madres que llevan a sus hijos a la escuela y estudiantes cuando van a clases. La 287 (g) es injusta, innecesaria e inhumana. Se tiene que ir”, enfatizó Grunner.

¿Qué dice el programa y por qué es tan temido?

Este programa conocido como 287(g), es a través del cual las agencias locales del orden público se encargan de la responsabilidad de hacer cumplir la ley federal de inmigración, además de sus trabajo diario de servir y proteger a sus comunidades.

Los oficiales seleccionados participan en una capacitación, de 4-5 semanas, sobre la ley de inmigración y deportación. Subsecuentemente estos oficiales están a cargo de identificar a los individuos que hayan cometido crímenes y que además estén el país sin presencia legal.

El Servicio de Inmigración y Aduanas –ICE-, por sus siglas en inglés, ha entrenado a más de 1,000 oficiales por medio de éste programa en todo el país.

Los condados que lo tienen en Georgia son, Cobb, Gwinnett, Hall y Withfield, donde miles de personas sin ningún antecedente criminal han sido deportadas a sus países de origen, solo por no tener un documento de estadía legal en Estados Unidos.

Otras razones expuestas para que el programa sea terminado.

A nivel nacional, varias jurisdicciones donde el programa es aplicado, también vienen presionando para que sea terminado y entre otras razones exponen las siguientes:

1. La mayoría son deportados por delitos menores: Aunque estas agencias del orden público están a cargo de identificar a inmigrantes indocumentados que cometan crímenes, los informes indican que más del 60% de los que son deportados solamente han cometido delitos menores- la mayoría infracciones de tráfico.

2. El riesgo de discriminación por perfil racial: A causa de que los oficiales tienen la libertad de determinar quien es un inmigrante indocumentado, fácilmente podría haber un aumento del uso de la discriminación por perfil racial como una manera de “determinar” a quién cuestionar como posible inmigrante indocumentado.

3. La marginación de una población en cuanto al cumplimiento de la ley: Los inmigrantes que sean víctimas de un crimen, o que sean testigos de un crimen, se sentirían muy inseguros de reportar el incidente a la policía si temen que esto pueda resultar en que ellos o sus familias sean detenidos o deportados. Este es un impedimento claro a la seguridad de la comunidad en general.

4. Falta de transparencia en éste proceso: La manera en que los acuerdos o “Memorandos de Entendimiento” son negociados, sin aportación del público, significa que cosas afuera de los procesos típicos de la ley local podrían ser incluidos. No hay ninguna manera para identificar cuales policías han sido entrenados sobre la ley de inmigración, o cuáles son los límites de su autoridad en ese condado.